La comisión de Juicio Político definió la primera ronda de testigos para el jueves próximo, en medio de un debate caliente

En ese sentido, quedó aprobada la citación para el jueves que viene de los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, y de otros siete testigos a propuesta de las dos fuerzas mayoritarias, que tienen la obligación de comparecer de acuerdo al reglamento. Los oficios de notificación a los testigos para la próxima audiencia serán cursados este mismo jueves.

Ramos es el magistrado que archivó en tiempo récord una denuncia que se había presentado por los chats filtrados a finales de diciembre que exhibían cómo Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Por su parte, Ramos Padilla es el juez que se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por el gobernador Axel Kicillof contra Robles, y remitió las actuaciones a Comodoro Py, sin antes advertir que no hay pruebas para sostener que la filtración de los chats que motivaron esta denuncia hayan tenido origen en hechos de espionaje ilegal, como sostiene Juntos por el Cambio.

Al haberse concluido la etapa preliminar del proceso de juicio político en la comisión homónima presidida por Carolina Gaillard, este jueves se inició la etapa de la investigación, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados por presunto mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones: el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los altos magistrados Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El primer orador en el debate fue el diputado macrista Pablo Tonelli, quien adelantó las objeciones a las pruebas y testigos propuestos por el Frente de Todos.

“Está claro que no es prueba destinada a probar el supuesto mal desempeño sino a otra cosa, o en todo caso a prolongar innecesariamente la investigación”, apuntó, y acusó al oficialismo de montar “un show para exponer a los jueces de la Corte y a sus allegados”.

El legislador del PRO cuestionó la “extensión inusitada” de los requerimientos de prueba solicitados por el oficialismo, ya que a su entender “no solo afecta a los denunciados” (los jueces de la Corte) sino que además “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”.

“No solo se piden las llamadas hechas por los denunciados , sino que se pide con que números telefónicos se comunicaron y a quiénes pertenecen esos números telefónicos”, criticó Tonelli, que consideró que esta decisión “viola el articulo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones”.

A su vez, afirmó que la comisión de Juicio Político “no tiene atribuciones ni facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas, nombres y titularidades de abonados que pudieron haberse comunicado con personas”.

“Todo eso excede largamente las atribuciones de la comisión. Y si en ultima instancia fuera necesaria pedir esa prueba no queda más remedio que solicitarla por intermedio de un juez”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Nos vamos a oponer a la realización de cualquier prueba que tenga que  la averiguación de llamadas, de números telefónicos, de mails y de todo lo que se parezca, y si el oficialismo impusiera su mayoría para producir esa prueba, que claramente no es necesaria, dejamos planteado que eso debe hacerse a través de un juez, quien en todo caso deberá velar por las garantías de los afectados”.

Por otra parte, Tonelli impugnó el criterio de selección de testigos del Frente de Todos, acusándolo de querer montar un desfile interminable de personas en la comisión con el objetivo de “desacreditar a los jueces”.

“Por las normas de procedimiento, los testigos deben ser personas que expongan sobre hechos de los que tengan conocimiento directo, que conozcan a través de sus sentidos de los hechos denunciados. Se está citando a una enorme cantidad de gente que de ninguna manera tienen un conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos de los hechos denunciados”, protestó.

Para el abogado opositor, “queda en evidencia que el propósito no es acreditar el mal desempeño sino desacreditar a los jueces, que es una cosa muy distinta”.

En tanto, sostuvo que Robles y D´Alessandro “no pueden ser citados como testigos porque hay causales penales en curso que se están investigando sobre si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen un delito”.

El diputado del PRO señaló que no pueden comparecer ante la comisión en este procedimiento de juicio político en la medida en que estén siendo investigados por la Justicia ordinaria, porque todo lo que fueran a decir podría ser utilizado en su contra. En ese sentido, advirtió que si se los cita, lo más probable es que se nieguen a declarar.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, advirtió que la producción de la prueba debe realizarse “con legalidad”, por lo que pidió “un debate para definir los alcances de las facultades de investigación de esta comisión”.

“Nosotros lo tenemos claro. Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional ya sea la intimidad, privacidad, la propiedad, la libertad requiere la intervención de un juez porque es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad del proceso, y que no se avasallen ninguno de estos derechos de cualquier ciudadano”, expresó el presidente del bloque de la Coalición Cívica.

Al respecto, precisó que desde la oposición van a exigir que se pida autorización a un juez para “interceptaciones de telecomunicaciones, correos electrónicos, whatsapp, telegram y otro tipo de prestadores de servicios de telefonía”.

“Deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba y una discusión sobre nuestros propios alcances para producir prueba”, insistió López.

En otro orden, el diputado de Juntos por el Cambio pidió ajustar los parámetros para la citación de testigos, ya que “hay personas que no son testigos ni son expertos” que son propuestos por el oficialismo y que “van a venir para desacreditar a la Corte”.

El diputado opositor rechazó con énfasis la medida de prueba solicitada por Rodolfo Tailhade para obtener registros audiovisuales e información sobre una reunión por el cumpleaños del fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, que se celebró el 15 de agosto en el restaurante El Secreto del Hotel Four Seasons, donde a D´Alessandro y Robles se los vio llegando juntos.

“No sé quién se pondría más incómodo, si ustedes o nosotros con los invitados a ese cumpleaños, pero eso en materia penal es una excursión de pesca a la que no podemos embarcarnos. Probablemente solo encontremos relaciones que nos encantaría conocer y que algunos nos incomodará más que a otros, pero no lo podemos hacer”, manifestó.

A continuación, Gaillard, clarificó que este jueves empezaron a librarse los oficios requiriendo prueba, y que el objetivo de esta reunión preparatoria de la investigación es “definir el cronograma de audiencias testimoniales y a quiénes vamos a convocar”

“Vamos a tener legajos con toda la prueba documental y toda la prueba testimonial”, detalló, y agregó que “toda la prueba que sirva para conocer la verdad, que sea respetando el debido proceso, va a ser recibida”.

Seguidamente, tomó la palabra Thailade, quien salió al cruce de Tonelli por haber planteado que Robles y D´Alessandro no debían ser convocados como testigos en la comisión porque seguramente iban a negarse a declarar.

“Que vengan Robles y D´Alessandro y que ellos digan en todo caso que no quieren o pueden responder. ¿Y si vienen y dicen ´quiero declarar?´ ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer?”, chicaneó el diputado kirchnerista.

“Que los diputados (de JxC) adelanten que es lo que va a pasar me parece improcedente, más allá de que no tengo ninguna duda sobre la vinculación”, sumó, fiel a su estilo provocador.

Thailade aclaró que “no se está pidiendo la interceptación de nadie y ni siquiera el entrecruzamiento de los llamados”, sino únicamente una lista de los llamados recibidos y entrantes de Robles y D´Alessandro.

“El contenido de los llamados no estamos buscando, es muy difícil y para eso sí requeriría la intervención de un juez”, admitió.

La diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman apuntó que “falta un proceso de admisibilidad de la prueba y de análisis de cada una de ellas porque hay un montón de medidas solicitadas que no tienen fundamento respecto de sus procedencia, cuál es el objetivo que se persigue y en cada caso particular si es pertinente”.

“No podemos ir por encima de la ley para buscar la verdad. La verdad se busca dentro de la legalidad. Es la verdad pero con garantías”, indicó.

Recogió el guante el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien hay que poner mucho énfasis en  garantizar los derechos de los ciudadanos pero también mucho énfasis en evitar encubrir ilicitudes”.

“Estamos frente a la posibilidad no solamente de que se hayan dictado sentencias arbitrarias sino de que se hayan cometido ilícitos. Y como funcionarios público tenemos la obligación de denunciarlos en la sede que corresponda, o en el ejercicio de nuestras funciones en la comisión de Juicio Político o de extremar las medidas que sean necesarias para esclarecer o no la existencia de esos hechos ilícitos”, planteó.

Y siguió: “Sino no tendría sentido la existencia misma de la comisión en el artículo 53 de la Constitución. No es una comisión para discutir literatura sino para investigar y llegar a la verdad de los hechos”.

“¿Por qué no pueden venir Robles y D´Alessandro? ¿Ustedes ya saben de antemano que no van a venir? Si tienen la ventaja de saber que no van a venir porque no están sobreseídos, díganlo directamente, pero yo preferiría que vengan y lo digan ellos”, ironizó el radical kirchnerista.

Moreau también le contestó a la oposición por negarse a aceptar que se libre un oficio para averiguar qué pasó y quiénes estaban en el cumpleaños de Mahiques.

“No le bajaría el precio a lo que sucede en determinados ámbitos fuera de tribunales, como cumpleaños, club de fútbol, quintas presidenciales, viajes pagados por empresas. Ahí también se arreglan sentencias”, sugirió.

“¿Ustedes no saben que los jueces tienen prohibido reunirse en privado con las partes si no lo hacen en presencia de la contraparte o de las víctimas?  Ustedes creen que solamente se reúnen en tribunales? No, todo lo contrario, se reúnen en otros ámbitos. Eso ha sido lamentablemente un uso muy común en los últimos años en la Argentina”, siguió Moreau.

“Se reúnen efectivamente en reuniones sociales. Por ejemplo, hubo una reunión social 10 días antes del fallo de coparticipación. Tienen prohibido reunirse en esos ámbitos, como tienen prohibido hacerlo jugando al paddle en la Quinta de Olivos, o yendo a jugar al fútbol”, remató, en el último caso haciendo referencia al escándalo de la quinta Los Abrojos donde se organizaban torneos en los que por ejemplo jugaron el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburi, ambos involucrados en el juicio oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Además de los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, fueron citados para la próxima audiencia testimonial prevista para el jueves 23 de febrero los siguientes testigos:

Cristian Abritta – ex titular secretaria judicial n5 actualmente inexistente en el organismo CSJN

Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración

De las secretarías de judiciales de la CSJN:

Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz – Secretaría Judicial Nro 2 Previsional

Alejandro Daniel Rodríguez – Secretaría de Juicios Originarios

De la vocalia de Rosatti:

Roberto Miguel Ángel Saggese

Adriana Norma Valinotti

De los testigos ofrecidos por la diputada Paula Oliveto Lago:

Jorge Cimadevilla, ex miembro del Consejo de la Magistratura, senador mandato cumplido