La Comisión de Juicio Político de Diputados pidió la citación inmediata del juez Maqueda
La comisión de Juicio Político de Diputados solicitó a la presidencia de la Cámara que “se cite inmediatamente al juez de Corte, Juan Carlos Maqueda” por el supuesto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
Para el bloque oficialista, el pedido se sostiene en “suficientes pruebas de la participación del juez Maqueda respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas”.
El pedido señala que dichas actuaciones se refieren “al período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021 en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.
Indicaron también que, “todo ello, sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás Ministros de la CSJN, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse, ejerciendo el procedimiento”.
El escrito votado por la mayoría oficialista, que tiene 16 sobre los 31 miembros de la comisión, fue argumentado por la diputada Vanesa Siley.
En los enunciados se apunta a Maqueda por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”
La decisión del oficialismo fue objetada por el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien realizó observaciones de forma y de fondo: “No nos avisaron que iban a hacer esta presentación”.
“No hay ninguna causal de nulidad en seguir avanzando; no hay nada acá que esté fuera del reglamento”, respondió el oficialista Rodolfo Tailhade.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.
La audiencia de este martes
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) informó que la exdirectora de la Obra Social, Marta Herrera Alem, pidió reprogramar su declaración en la comisión.
Gaillard señaló que con la declaración de los testigos “estamos concluyendo la etapa sumarial de una de las causas que se investiga en esta Comisión: las irregularidades en la OSPJN”.
De este modo, la comisión de Juicio Político comenzará en la próxima reunión con el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Esa reunión se realizaría el próximo jueves 15, ya que está previsto el martes 13 realizar la sesión informativa para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde su informe de gestión como lo establece la Constitución Nacional y el miércoles 14 efectuar una sesión con el tratamiento de temas consensuados, informaron fuentes parlamentarias.
La primera testigo que comenzó a declarar en la tarde de este martes fue la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin.
La funcionaria judicial dijo: “Me dedico específicamente a expedientes jurisdiccionales, no tengo conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo”.
Ante una consulta del diputado Leopoldo Moreau, López Alducin confirmó que Maqueda “tenía el primer voto en temas de salud y obra social y en los temas laborales”, y precisó que cuando debe enviar un proyecto lo hacía “al correo de Silvio Robles o Natalia Monayer porque no tengo el correo de Rosatti”.
Por su parte, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, señaló que “a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración”.
En su exposición, Villarruel se refirió al caso de la jueza Martina Forns sobre la situación que pasó en la pandemia con su marido, y dijo que su misión fue “el reenvío de su pedido a la obra social para cersoriarme que la comunicación que aparentemente estaba trabada pudiera ser allanada”.
Agregó que “las personas que llegaron a mi para consultar por una cuestión con la obra social las puedo contar con los dedos de la mano”, incluido “el caso de Forns, siempre mi intervención se limitaba a ver si la obra social había recibido ese pedido para que le dieron el curso que correspondía”.
La exdirectora de la obra social del Poder Judicial, Claudia Madies, en tanto, dijo que “era la primera vez que intervenía un Directorio Colegiado en la OSPJN y el Estatuto planteaba modernizarla en las instancias prestacionales, de atención y de afiliación pero el Dr. Tonon imposibilitaba avanzar con medidas de gestión”.
A su turno, el funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, Néstor Fasciollo, detalló: “Había cuestiones de compras, como por ejemplo la compra de medicamentos, que no eran girados a la Asesoría Jurídica, y no requerían de la intervención nuestra, en el resto de los casos con licitaciones y contrataciones sí”.
María Marcela Viano Carlomagno, titular afiliada a la obra social, resumió su caso ante un problema de salud: “Los días pasaban y no me hacían la intervención quirúrgica, me decían que la obra social no otorgaba la prótesis, y a raíz de ese demora luego tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria”.
Por su parte, Iván Nicolás Ritvo, contador público que se desempeño en la obra social, sostuvo: “El balance una vez que está firmado no se puede modificar, igualmente quien lo firma es el Directorio; mi función era pura y exclusivamente confeccionarlo, llevarlo a normas contables por así decirlo. Soy externo a la obra social, nunca fui interno, y el trabajo una vez que se terminaba se presentaba ante el Directorio”.
Por último, volvió a testificar María Guadalupe Burgos, quien hacía las veces de tesorera de la Obra Social: “En el sector de Tesorería no se toma ninguna decisión sino que se ejecutan órdenes, no se decide qué se cobra y ni qué se paga, todo pasa por las áreas previas donde se controla”, se defendió.
“Nosotros lo que visualizábamos eran los saldos bancarios a la fecha y teníamos un historial de los ingresos y los egresos, con eso se podían llegar a calcular los remanentes y si se podían afrontar o no los gastos”, completó.
En el último encuentro de la comisión, realizado hace dos semanas, había expuesto el exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien había sido desplazado de su cargo meses atrás.
En su declaración, Tonon evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, amparado “en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse”, debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados, según argumentó.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social, pero el exfuncionario recién asistió tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
Además, la comisión deberá resolver este martes si acepta o no la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas “con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local”.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido.
La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.