Tras la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Py de apartar al juez Daniel Rafecas de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, los dirigentes de la Coalición Cívica (CC) que dieron a conocer la existencia de la lujosa quinta de más de 105 mil metros cuadrados presentaron una nueva acción judicial. Solicitaron a la Procuración General de la Nación que impulse la apelación del fallo para que el expediente regrese a la Justicia Federal.
La presentación fue realizada por Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ante el procurador Eduardo Casal, y cuestiona la resolución de la Cámara que, en pleno avance de allanamientos ordenados por Rafecas, derivó la causa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, actualmente subrogado por Marcelo Aguinsky.
Según documentación a la que accedió Clarín, el traspaso del expediente al fuero penal económico es “jurídicamente erróneo y contrario al orden normativo vigente”. Los denunciantes sostienen que el núcleo de la investigación es el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya competencia corresponde a la Justicia Federal común.
En el escrito, remarcan que, tras la reforma introducida por la Ley 26.683, el lavado de dinero dejó de ser una figura agravada de encubrimiento para convertirse en un delito autónomo, con impacto directo en el orden económico y financiero nacional y en las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.
En ese marco, citaron fallos de la Corte Suprema para fundamentar que los casos de lavado deben ser investigados por la Justicia Federal, y no por tribunales especializados en delitos económicos. Señalaron además que el fuero penal económico tiene competencia limitada a delitos específicos previstos por ley —como impositivos o aduaneros— y que el lavado de activos no integra ese listado.
Los referentes de la CC también objetaron que la Cámara haya sustentado su decisión en el carácter económico o financiero del hecho o en la posible existencia de maniobras conexas. A su criterio, ese razonamiento carece de respaldo legal y no resulta suficiente para cambiar de juez ni para desplazar la causa del ámbito federal.
Otro eje del planteo apunta a que el origen del dinero no define la competencia. De acuerdo con jurisprudencia citada, lo relevante para estos casos es el impacto institucional y sistémico del lavado, y no el delito precedente del cual provendrían los fondos.
En paralelo, Del Gaiso y Yofe ampliaron la denuncia original, incorporando nuevos hechos y pruebas documentales. Solicitaron que se investigue a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por su presunta participación en maniobras realizadas a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL, firma propietaria del inmueble ubicado en Villa Rosa. En la presentación inicial, la CC pidió que se determine si los verdaderos dueños de la propiedad serían el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o el propio Toviggino.
El expediente quedó inicialmente en manos de Rafecas, quien dispuso allanamientos en la propiedad y en otra vivienda del partido de Pilar, ordenó la prohibición de salida del país de Pantano y Conte, y decretó el embargo y congelamiento de sus cuentas y las de la sociedad.
No obstante, tras un conflicto de competencia entre juzgados, la Cámara resolvió que la investigación tramitara en el fuero penal económico, al considerar que estaría comprometido el orden económico y financiero y que, por el momento, no habría funcionarios públicos involucrados.
