La CGT definió este viernes que su primera respuesta al avance de la reforma laboral será en la calle, pero sin paro general. El consejo directivo de la central resolvió convocar a una movilización nacional al Congreso el próximo miércoles, en simultáneo con el inicio del debate del proyecto en el Senado, y dejó para más adelante la decisión sobre un paro general.
El Gobierno se muestra firme ante la CGT y advierte que un paro “no sería bien visto”. “Rechazamos total y absolutamente el proyecto. Tiene un sesgo ideológico, ataca y cercena los derechos individuales y colectivos. Hay una fuerte transferencia de riqueza del sector trabajador al empleador. No se pretende modernizar el mundo del trabajo”, sostuvo el triunviro Sola en conferencia de prensa, al fijar la posición de la central frente a la reforma que el Gobierno busca aprobar en el Senado.
El dirigente sindical explicó que la CGT viene desarrollando una estrategia de protesta sostenida en el tiempo y con proyección política. Señaló que el plan de acción iniciado el 18 de diciembre “viene siendo estratégico” y se proyecta “a futuro”, y remarcó que, por decisión del consejo directivo, cada organización sindical quedó facultada para impulsar “la medida de paro” por actividad con el objetivo de garantizar la movilización del próximo 11 de febrero. En ese marco, planteó que “esta no es una batalla que damos por perdida” y anticipó que la central buscará “incrementar cada vez más la protesta”.
Sola también trasladó el eje de la definición al plano institucional. Sostuvo que “la responsabilidad y la solución no es gremial, es política” y apuntó directamente al Congreso. Planteó que hay que preguntarle a legisladores y senadores “qué van a hacer” frente al proyecto en discusión y advirtió que deberán definir si van a “defender los intereses de los trabajadores o los intereses de un proyecto político que les sea ajeno”. La conducción sindical optó por una estrategia gradual. En lugar de un choque frontal inmediato, buscará sostener presión política mientras observa el desarrollo de la discusión parlamentaria.
La definición también refleja las tensiones internas del movimiento obrero. Mientras gremios industriales, estatales y sectores cercanos a las dos CTA empujaban una respuesta más contundente, la conducción cegetista optó por una escalada progresiva y liberó a los sindicatos más duros para que puedan avanzar con paros por actividad, sin comprometer por ahora a toda la central en una huelga general. En ese marco, las protestas impulsadas por esos sectores —como las movilizaciones realizadas esta semana en Córdoba y las previstas para Rosario— funcionaron como un factor de presión interna que aceleró la convocatoria a la marcha del miércoles.
En la Casa Rosada siguen de cerca la decisión sindical a futuro. El Gobierno apuesta a que la movilización no escale a un paro general, convencido de que, sin una paralización de actividades, el clima político se mantendrá bajo control. Si el Senado avanza con el proyecto, la relación entre el oficialismo y la CGT entrará en una nueva etapa, con un conflicto que promete extenderse más allá del recinto.
