La CGT logró consenso interno y evalúa su primer reclamo callejero contra el Gobierno
Silvina Batakis no llegó a los diez días como ministra de Economía y ya huele el distanciamiento del sindicalismo peronista. La cúpula de la CGT se reunirá de manera informal el jueves en la sede de UPCN para analizar fecha y modalidad de una protesta para advertir sobre los riesgos de una inflación desbocada.
No será un paro, a pesar de que hay sectores internos que así lo propusieron, como algunos gremios vinculados al transporte. Será una movilización y los impulsores la proyectan para la primera quincena de agosto. El punto de encuentro podría ser el Obelisco, ya que no hay consenso para activar el reclamo en la Plaza de Mayo porque sería apuntar directamente contra el Presidente, según informaron fuentes cegetistas. Los sindicalistas más conservadores temen provocarle un traspié político a un Gobierno que perciben débil.
“Será tan masiva como la fue la del 18 de octubre de 2021, por el Día de la Lealtad″, advirtió un gremialista que participa activamente de la organización. No habrá oradores ni escenario. La modalidad del reclamo dista mucho de la prosapia sindical, acostumbrada a manifestaciones ruidosas musicalizadas con bombos y trompetas, que solo callan cuando algún dirigente con ascendencia lo pide desde un micrófono. Ninguno de los integrantes del triunvirato de mando logra hoy el suficiente consenso interno para satisfacer a todas las tribus que conviven bajo el mismo techo.
En el Gobierno tomaron nota del malestar sindical y al menos desde la retórica se trabaja para neutralizar la protesta. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reforzó ayer en Radio Nacional su compromiso de revisar todas las paritarias que queden por debajo de la inflación. La pauta anual de referencia que se fijó en 60 por ciento ya quedó desactualizada para los gremios cegetistas, que sostienen, de acuerdo a informes de consultoras, que el alza de los precios podría estar entre 80 y 90% en 2022.
Actualmente hay dos paritarias paralizadas por la incertidumbre que sembró la salida de Martín Guzmán. Una es la del Personal Legislativo, en cuya negociación ofician Cristina Kirchner y Sergio Massa como empleadores. La otra es la revisión de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que selló en marzo un aumento de 45% (18% en abril, 15% en julio, 12% en octubre y revisión en noviembre) al que busca añadirle un 20%.
Una carta que Alberto Fernández tiene guardada para seducir a la CGT es la de los fondos a las obras sociales sindicales. Circula un borrador con un decreto presidencial para crear un Fondo Nacional para la Cobertura de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que se constituiría con recursos provenientes del Tesoro de la Nación. De concretarse, las obras sociales sindicales se ahorrarían unos $35.000 millones anuales, según los cálculos de especialistas . Esto fue parte de la negociación de los gremios y Fernández para no suspender el acto de homenaje a Perón, hace 12 días, en la sede de Azopardo.