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La Cámara Federal sobreseyó al juez Juan Gemignani

La Cámara Federal sobreseyó al juez de la Cámara de Casación Juan Gemignani en la causa en la que había sido acusado de privar ilegalmente de la libertad a una secretaria que denunció haber sido por él detenida e incomunicada al negarse a auditar unas cajas con insumos tecnológicos que estaban amontonadas en una sala de audiencias.

 

La fiscal Paloma Ochoa había planteado la imputación inherente a que el magistrado entrerriano procedió a una -supuesta- detención ilegal que representaba una “situación de abuso de poder en una relación desigual” con toda la impronta de “los patrones culturales de violencia hacia las mujeres”.

 

El juez contestó con una recusación pidiendo el apartamiento de Ochoa por formar parte de una movilización de “Ni una Menos”, considerando que fue dirigida en su contra. Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, Gemignani no cometió ningún delito y lo que hizo fue ordenar una detención en flagrancia, enviando el caso al Consejo de la Magistratura para que evalúe si cometió una presunta falta disciplinaria.

 

El fallo fue rubricado el viernes a última hora, casi cuando estaban cerrando la oficina para inaugurar las vacaciones de invierno. La única posibilidad de reapertura de la causa está en manos del fiscal Germán Moldes, que puede apelar, ya que la secretaria nunca se constituyó en querellante.

 

Resumen del caso

 

El episodio en cuestión, de la detención de Amelia Expucci, que entonces era secretaria en Casación, ocurrió el 28 de julio de 2016. Era la feria judicial y Gemignani estaba de turno. Expucci también, para trámites básicos que se hacen en ese período. Pero el juez le indicó que debía hacer un inventario del contenido de unas cajas enviadas por el Ministerio de Planificación Federal en 2015. Era material informático y para videoconferencias.

 

El tema ponía una disputa interna de Casación, y el juez -aparentemente- apuntaba a responsabilizar a su colega de tribunal Ana María Figueroa, que había recibido el material. La secretaria le dijo que inventariar ese material no estaba entre las funciones de la feria, y que en todo caso le debía pedir autorización a su jefe habitual, Eduardo Riggi.

 

Otros empleados declararon que ese día Gemignani exhortó en voz alta a todos los presentes: “Cualquier funcionario o empleado que entorpezca o se interponga en estas actuaciones será detenido”.

 

Por ello, Expucci estuvo dos horas incomunicada y detenida en una dependencia policial. Gemignani la denunció por desobediencia, pero rápidamente el juez Marcelo Martínez de Giorgi la dejó en libertad, y luego la sobreseyó.

Ella decidió denunciar a Gemignani por privación ilegal de la libertad: el caso quedó a cargo de la fiscal Ochoa y del juez Rodolfo Canicoba Corral. Dos días después, Gemignani radicó otra denuncia por las célebres cajas del Ministerio de Planificación en las que acusó al ex ministro de Julio Vido por entregar dádivas a los jueces de Casación y a Expucci por el supuesto intento de encubrimiento.

 

Fue allí que justificó la detención de la secretaria en que fue sorprendida en un posible delito en flagrancia. El juez Martínez de Giorgi, que también quedó a cargo de este expediente, sobreseyó a ambos. En cuanto a De Vido, dijo que no había dádiva, que no buscaba mejorar su posición en ninguna causa, y que el material entregado era para “mejorar la gestión de las salas de audiencias”, que Figueroa hizo un informe y la entrega fue pública, por lo que tampoco había una aceptación de favores.

 

No obstante, coincidentemente, luego la sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir la causa contra el ex ministro, no así contra la secretaria, que quedó desvinculada.

 

Los camaristas Bruglia y Llorens llegaron a la conclusión –según señalaron funcionarios de la causa a los colegas de PáginaI12, responsable de esta investigación periodística– de que Gemignani no cometió ningún delito al privar de su libertad a la mujer porque tuvieron en cuenta un aspecto subjetivo, que el juez tenía en mente: un posible encubrimiento respecto de lo que recién después denunciaría como dádivas. Entonces podía entenderse su detención como un caso de “flagrancia”, donde consideran que estaba habilitado a disponer el arresto. Si hubo un posible abuso o maltrato, pidieron que se ocupe del tema el Consejo de la Magistratura.