La Cámara Federal ordenó excarcelar a Cristóbal López y su socio, pero el juez Bonadio fijó una fianza de $ 60 millones para cada uno

La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó la prisión preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en la causa de los cuadernos de las coimas. Saldrán en libertad cuando paguen la caución horas después fijó el juez Claudio Bonadio, que los detuvo en dos expedientes vinculados a la causa central.

 

Los dueños del grupo Indalo ya habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga junto a Ricardo Echegaray por una multimillonaria defraudación generada al Estado durante el último gobierno de Cristina Kirchner a través de la empresa Oil Combustibles.

 

Bonadio estableció una fianza de 60 millones de pesos para cada uno, y los abogados de ambos empresarios se reunirán este sábado con ellos en la cárcel para “evaluar alternativas”.

 

Después de aquella excarcelación del TOF 3, los abogados de López y De Sousa la tramitaron ante Bonadio que les dictó la prisión preventiva en al menos en dos expedientes conexos a la causa cuadernos. Pero el juez la rechazó y por eso fue la Sala I la que tuvo que resolver.

 

En la resolución de este viernes, los jueces Bertuzzi y Bruglia señalaron que el fiscal se pronunció a favor de la concesión de la excarcelación. Respecto a Cristóbal López señalaron que se encuentra procesado por el juez Bonadio en el expediente vinculado a los cuadernos de las coimas y en otro donde se los investigó por lavado de dinero por la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta.

 

Sobre ambas causas, los camaristas indicaron que si bien los procesamientos aún no tienen confirmación de la Cámara, la prueba “se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata-, de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas”.

 

En consecuencia, plantearon que no existen “elementos que permitan suponer un comportamiento obstructivo que en adelante pongan en riesgo el avance de la investigación, ni presumir, que de recuperar el imputado su libertad podría intentar eludir la acción de la justicia”. Por eso el fiscal no se opuso a la excarcelación y los camaristas avalaron dicho argumento.

 

Además, se tuvo en cuenta la decisión del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) que remarcó que no hay más riesgo procesal, ya no existe “el entorpecimiento de la investigación que dio origen a la prisión preventiva”.

 

Como condición para la excarcelación, la Cámara impuso que López y De Sousa deberán presentarse periódicamente ante el Tribunal, “no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes”.

 

Pero la libertad de los dueños el Grupo Indalo aún quedó sujeta a la caución que fije el juez Claudio Bonadio.

Cuando tuvo que fallar, y al rechazar la excarcelación, Bonadio había considerado que “existen otros aspectos que impiden otorgar la excarcelación”, al plantear que Cristóbal López “posee la capacidad de sustraerse y entorpecer el accionar de la justicia”.

 

Entonces, señaló que en el marco de la causa hay cerca de 200 imputados, quienes “durante más de 12 años llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal, integrando la misma el aquí evaluado en su carácter de empresario, innegablemente allegado a los funcionarios públicos”.

El magistrado se refirió a las confesiones de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), el financista Ernesto Clarens y José López (ex secretario de Obras Públicas), quienes se refirieron a CPC SA -constructora del Grupo Indalo- como parte de las firmas involucradas en la estructura investigada.

 

“Además (Cristóbal) López cuenta con varias causas en distintas etapas procesales lo que hace presumir que en caso de ser condenado en la presente, su pena no puede ser dejada en suspenso (…) lo que hace presumir que de obtener su libertad intentarán eludir la acción de la justicia”, continuó Bonadio. Y recordó, entre otros aspectos, que el empresario K “cuenta con medios económicos suficientes como para entorpecer o fugarse del proceso”.

 

Los trámites para sacar del penal de Ezeiza a los dueños de Indalo habían comenzado cuando el TOF 3, que los juzga por el supuesto fraude al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. Durante la instrucción de ese expediente, la Justicia determinó que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con dichos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.

En el marco de esta causa, el juez Julián Ercolini había ordenado el procesamiento de López y De Sousa con prisión preventiva, porque habían cometido acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a OP Investments, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir “una inhibición de bienes que lo impedía”.

 

Los dueños del Grupo Indalo manifestaron que la cesión tenía como objeto “recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar la continuidad de sus negocios y el pago de deudas”.

Entonces se planteó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada en un nuevo expediente, por posible fraude.

 

Esa causa quedó radicada en el juzgado federal 5, cuya titular María Eugenia Capuchetti, hace dos semanas sobreseyó a los dos empresarios. “No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos”, firmó la jueza.