La Cámara Federal le concedió la licencia a Ariel Lijo para que asuma como juez de la Corte Suprema
Este mediodía, la Cámara Federal decidió por unanimidad otorgarle licencia al juez federal Ariel Lijo para asumir en comisión como nuevo juez de la Corte Suprema. A primera hora del día, una vez conocido el número del decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, Lijo le pidió a sus superiores de la Cámara Federal una licencia en su cargo. Es porque la designación para integrar la Corte es hasta noviembre, y de no mediar un acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el Juzgado Federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.
Para tratar este tema, el titular de la Cámara Federal, Mariano Llorens, convocó al resto de sus colegas –Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun– quienes se reunieron para analizar el caso.
El primer mandatario resolvió firmar el decreto esta semana, la última en la que el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado. Fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo de 2024, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.
En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima Legislatura”.
La oposición ha cuestionado la legitimidad del procedimiento adoptado por el Gobierno de Milei, argumentando que la designación en comisión de jueces para la Corte Suprema podría sentar un precedente controvertido. Mientras tanto, el Ejecutivo busca que los nuevos magistrados asuman sus cargos lo antes posible, en un intento por resolver las vacantes que han afectado el funcionamiento del máximo tribunal durante el último año.
El desenlace de este proceso no solo definirá la composición de la Corte Suprema, sino que también podría tener implicancias significativas para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La controversia en torno a estos nombramientos refleja las tensiones políticas que persisten en el país y pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el Gobierno.