Como un gesto inédito de cooperación interinstitucional, la Cámara de Diputados de Entre Ríos transfirió cargos de planta permanente de su propia estructura al Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer el área de Salud Mental.
Reordenamiento administrativo y decisión estratégica
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 183 y se enmarcó en un proceso de reordenamiento administrativo impulsado por el titular de la Cámara baja, Gustavo Hein. Ese proceso incluyó la revisión de nombramientos irregulares efectuados por la gestión anterior, que habían generado un incremento injustificado de la planta permanente sin responder a necesidades reales de funcionamiento.
A partir de ese diagnóstico, y en coordinación con el gobernador Rogelio Frigerio, se resolvió destinar parte de esos cargos disponibles a un área crítica del sistema sanitario provincial. La norma remarcó que la creciente demanda social vinculada a la salud mental exige “reforzar de manera urgente y prioritaria las estructuras institucionales” que brindan este servicio.
Una prioridad de política pública
Al respecto, Hein expresó: “Salud mental es para nosotros una prioridad en materia de política pública; venimos trabajando fuertemente desde la Cámara en prevención y asistencia junto a otros organismos provinciales, y con esta medida queremos marcar un precedente, reasignando recursos existentes a áreas críticas”.
Desde la Cámara se destacó que la salud mental requiere equipos especializados, capacidad de respuesta, tareas de prevención, inclusión social, asistencia en crisis y abordajes comunitarios. En ese marco, se sostuvo que las instituciones del Estado deben coordinar esfuerzos y priorizar recursos allí donde más se necesitan, siguiendo principios de eficiencia y solidaridad institucional.
Un hecho sin antecedentes
La iniciativa fue presentada como un hecho sin precedentes, ya que no existen registros de una transferencia voluntaria de cargos desde la Legislatura hacia otro organismo estatal para fortalecer una política pública esencial. También se subrayó que la decisión no afecta los servicios propios de la Cámara, a la vez que permite robustecer un área históricamente subfinanciada sin incrementar el gasto ni ampliar estructuras administrativas.
Finalmente, se indicó que la definición se enmarca en un modelo de gestión responsable, orientado a jerarquizar áreas sensibles para la ciudadanía y a asegurar que los recursos públicos se destinen a funciones de alto impacto social, como lo es la salud mental.
