La Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en el sector
Este jueves el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en el sector en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos.
El órgano superior de la institución llevó a cabo una reunión extraordinaria por “la excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción”. Los Consejeros emitieron una declaración en la que señalaron que, “de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general”.
“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, planteó la cámara, que alertó que “este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.
La entidad identificó al origen de la crisis en “el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
Además, advirtieron sobre “el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”. Y previnieron: “El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”.
Los consejeros de todo el país instruyeron a las autoridades de Camarco a “adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda”.
Además, instaron a las autoridades nacionales y provinciales a “instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector”.
“Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, sentenciaron.