La bicameral convalidó el DNU sobre la coparticipación con las provincias
El objetivo de dicho acuerdo es alcanzar una nueva propuesta en el reparto de coparticipación para las provincias y reemplazar así al actual esquema que establece una detracción del 15 por ciento para los estados provinciales fijado en 1992.
A partir de este acuerdo, el diputado massista Raúl Pérez y el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, terminaron de definir sus firmas a favor del DNU de Macri, junto a los seis diputados de Cambiemos que integran la bicameral.
Esas ocho firmas se contrapusieron con las de los ocho integrantes del Frente para la Victoria; y la cuestión se terminó resolviendo por el voto doble del presidente de la comisión, el senador oficialista de la UCR, Luis Naidenoff.
Con el dictamen favorable, el DNU quedó habilitado para ser tratado por el pleno de las cámaras; aunque en rigor, está vigentes en tanto no sea rechazados por Diputados o el Senado.
En la reunión, el diputado Pablo Tonelli, del PRO, justificó la necesidad de respaldar el DNU de Macri al afirmar que “el decreto que oportunamente firmó la titular del Poder Ejecutivo anterior violó la Constitución Nacional porque no podía usar ese tipo de instrumentos para avanzar en un tema como la coparticipación”.
“Además, la devolución del 15 por ciento a las provincias no se podía hacer de la noche a la mañana como proponía la ex presidente; porque desfinanciaba la Nación, porque desfinanciaba la Anses”, agregó el legislador macrista.
Y remarcó: “La implementación del programa anunciado mediante el Boletín Oficial da la certeza de que el Poder Ejecutivo está de acuerdo en que hay que devolver ese 15 por ciento; pero deja en claro que no es posible hacerlo de un momento a otro”.
Al explicar el rechazo al DNU de Macri, la diputada Juliana Di Tullio del Frente para la Victoria-PJ consideró que “el decreto publicado por el gobierno (el Acuerdo para el Nuevo Federalismo) es ‘frasfaslafra’, es la nada misma, es lo que surgió del acuerdo con el cogobernante Sergio Massa”.
“Con este decreto no le devuelven nada a nadie, están estirando la cuestión en el tiempo y no le van a dar nada a nadie; salvo a alguno elegido a dedo. Este decreto es una vergüenza”, expresó.
Para la ex presidenta del bloque kirchnerista “no se cumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de coparticipación; lamento que se hayan generado expectativas en las provincias para llegar a esto”.
Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, también del FpV-PJ, dijo que “ese 15 por ciento es necesario para las provincias, porque la Nación se queda con algo que no es de ella”.
A continuación se dirigió a Pérez y Rodríguez Saá, los legisladores no oficialistas que apoyaron el DNU, pidiéndoles que “digan por qué acompañan la ratificación de este decreto a partir de la creación de un simple programa”.
Tanto el massista como el puntano hicieron oídos sordos al reclamo de la senadora camporista, que pedía “más voces del oficialismo defendiendo el tema” porque -admitió- “pensaba que se iba a dar un verdadero debate”.
Con el oficialismo encolumnado detrás de los fundamentos esgrimidos por Tonelli, la reunión continuó con las intervenciones de otros integrantes del bloque del FpV, como Graciela de la Rosa, Mario País y Marcos Cleri, que se repetían en las argumentaciones.
Ante este panorama, el diputado radical Mario Negri pidió que se pasara a la firma el dictamen “para que los que tienen otras actividades se puedan retirar”, y chicaneó a Cleri: “si quieren puede quedarse hablando toda la noche, o pueden organizar algo para seguir el fin de semana”.
El decreto que destrabó la firma del dictamen en la comisión bicameral dispone la creación del Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, que estará integrado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, los gobernadores de cada provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La eliminación del 15% de la masa de impuestos coparticipables se hará en forma progresiva y escalonada durante el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y se establece como fecha límite para su eliminación definitiva el 1 de enero del año 2021.