La Auditoría General de la Nación emitió un durísimo informe sobre la gestión de Mauricio Macri respecto a los peajes
La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó un explosivo informe sobre las numerosas irregularidades detectadas en el análisis del contrato que la gestión de Mauricio Macri le firmó a la española Abertis, socia de Socma, por la concesión del acceso Norte.
Abertis controla los peajes del acceso Norte a través de la firma Autopistas Del Sol S.A. (Ausol), en la que el Grupo Socma de la familia Macri tuvo parte del paquete accionario hasta el 2017 cuando se desprendió de las acciones después de una suba del 400% por los tarifazos aplicados por el gobierno de Cambiemos. Por esa maniobra Macri fue investigado pero la Justicia nunca avanzó.
En 2018 Macri le firmó a Ausol una extensión del contrato de concesión hasta 2030, diez años más de lo establecido en el contrato. La renegociación incluyó el cierre de un arbitraje ante el CIADI por atrasos tarifarios que Abertis había iniciado tres días de la asunción de Macri.
Esa disputa fue utilizada por el gobierno de Cambiemos como excusa para negociar la extensión y por otorgarle una cifra que según la AGN fue mucho mayor a la reclamada: “la DNV le reconoció a AUSOL 540,5 Millones de U$S mientras que ABERTIS S.A había realizado un reclamo por 358,6 Millones de U$S en su demanda ante el CIADI”.
El informe de la auditoría también destaca que “no se encuentra debidamente justificado el criterio adoptado para afirmar el carácter económicamente ventajoso del Acuerdo alcanzado, ni para considerar como parámetro en el proceso renegociador los montos reclamados por el accionista extranjero en una demanda ante el CIADI”.
Además, señala que “no constan en las actuaciones del expediente de renegociación análisis referentes al importe reclamado ante el CIADI” por Abertis. La sospecha es que la española simuló un reclamo de más de 1100 millones de dólares para justificar el monto de la renegociación contractual.
“No se constatan en las actuaciones administrativas elementos que fundamenten técnicamente la determinación del monto de U$S 540,5 millones reconocido”, indica el informe. “Del expediente de renegociación se constata como único criterio para fundamentar el monto acordado, el argumento de que la cifra es inferior a los tres escenarios presentados (elaborados con posterioridad al monto acordado) y al importe reclamado por el accionista extranjero ante el CIADI”, continúa.
La AGN también advierte que durante el proceso de renegociación los funcionarios macristas se apartaron “sin justificación” del criterio que había impuesto la Procuración del Tesoro de la Nación, que sostuvo que Abertis debió iniciar su demanda ante los tribunales argentinos y no ante el CIADI. La PTN había además cuestionado los montos reclamados por Ausol ante el tribunal internacional, lo que fue desconocido por el gobierno.
Los auditores también cuestionaron que el gobierno de Macri no diera intervención a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso, lo que hubiera aportado transparencia al proceso sobre todo teniendo en cuenta el potencial conflicto de intereses que el caso le generaba al entonces presidente.
También se señala que no se dio intervención al Ministerio de Hacienda y Finanzas, incumpliendo un decreto del propio gobierno de Macri. El acuerdo corrió únicamente por el Ministerio de Transporte que conducía Guillermo Dietrich. Además, se advierte que la intervención del Órgano de Control fue posterior a la negociación con Ausol y Abertis.
La AGN también reveló que el acuerdo firmado por Macri no “asegura inversiones en obras” y que en los hechos únicamente busca asegurar las ganancias de Abertis. “El PEF (plan económico financiero) pasó de ser un instrumento para el seguimiento de la rentabilidad de la Concesión, a convertirse en uno de aseguramiento de la misma”, indica el informe.
También se señala que no hay justificación técnica para garantizarle a Abertis que reciba un interés o una remuneración anual del 8% por la Inversión no Amortizada, lo que implica una TIR del 8% en Dólares, sumada al recupero de la inversión no amortizada neta prevista en no menos del 7,69% anual. Recién ahí y si existiesen saldos la empresa debería destinarlos a obras.
Finalmente, en el extenso reporte que emiten los colegas de LPO (La Política OnLine) la AGN cuestiona que las cláusulas sobre resolución de controversias incorporadas al Contrato “no garantizan el carácter definitivo del Acuerdo, permitiendo al concesionario la posibilidad de dar por terminado el Contrato y reclamar sin limitación alguna lo que considere como incumplimientos”. Además, resalta que “el Acuerdo vulnera los derechos de los usuarios en tanto limita las facultades del Órgano de Control en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos”.