La Asociación de Abogados Laboralistas denunció a Moroni por vulnerar el derecho laboral y la Constitución
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acusado de homologar acuerdos por reducciones salariales que violan los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de derechos. También cuestionan el otorgamiento de las ATP sin apertura de libros contables.
La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) asegura que la cartera liderada por Claudio Moroni “avaló una reducción generalizada de los salarios”. En el texto de una declaración formal que su Comisión Directiva aprobó y publicó con fecha del 18 de mayo, destaca que el DNU 260 disponía que los “trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” pero que sería en base a “los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo”.
La AAL asegura que “lamentablemente, aquello que exigimos en nuestra declaración ha sido desconocido por el Ministerio de Trabajo mediante el dictado de sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar su tramitación y que violentan las más mínimas garantías procesales destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la trabajadora”.
Para la entidad, además, las “normativas dictadas por el Ministerio de Trabajo tienden a posibilitar que individual o colectivamente se puedan acordar condiciones laborales más perjudiciales para el trabajador y la trabajadora que las previstas en la ley o en su caso en el convenio colectivo de trabajo”.
Por eso, insisten en que la actitud de la cartera laboral, y del propio gobierno “importa una grave vulneración al orden público laboral y a principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como ser los principios de irrenunciabilidad y de la condición más beneficiosa” y aseguran que ambos principios, “emanan del principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
En concreto señalan la responsabilidad de la cartera laboral y del propio ministerio de Desarrollo Productivo por su aval al acta acuerdo suscripta entre la conducción de la CGT y la UIA que habilita la reducción de los haberes de los trabajadores suspendidos.
Otro punto grave que señalan surge de que se entregan subsidios “sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro de los salarios” y así “se incumple con la obligación de tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis exigido por el art. 98”.
Además, critican la creación “mediante Disposición Nº 290/2020 de un procedimiento virtual para homologar tales acuerdos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el SECLO carece de competencia para homologar este tipo de acuerdos por no tratarse de acuerdos conciliatorios según el art. 15 LCT, sino acuerdos en donde se modifican condiciones de trabajo sin un conflicto previo de derecho”.
Y se lamentan porque “a esta enumeración de violaciones del orden público laboral se suma la injustificable inactividad judicial que importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le impuso”.
Exigen la derogación de “las normativas antes mencionadas y todas las demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja”.
Según informó Tiempo Argentino, la Asociación, integrada por destacados referentes del derecho laboral, hasta ahora no se había pronunciado de manera tan tajante contra las decisiones en materia laboral del gobierno aunque, en el último período, fue tomando una distancia cada vez más marcada. Ya de entrada había cuestionado algunos de los nombramientos de funcionarios en la cartera laboral así como en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.