Una grave investigación interna destapó maniobras delictivas en el área de sueldos navales. La Armada Argentina radicó una denuncia penal tras detectar un fraude millonario en la Armada Argentina mediante la liquidación paralela de haberes, desplazando de inmediato a los responsables involucrados.
Las actuaciones administrativas derivaron en una presentación formal ante el Juzgado Federal N° 2. El titular de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, impulsó la causa judicial luego de hallar suplementos improcedentes otorgados a cinco agentes.
De acuerdo a la auditoría judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se ejecutaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, alcanzando un desfalco histórico de $ 981.148.567,88 mediante pagos inflados o carentes de todo sustento legal.
El peritaje técnico descubrió la maniobra al cotejar liquidaciones y transferencias hacia el Banco Nación, confirmando que se modificaban manualmente los archivos antes del envío bancario y luego se borraban los rastros.
Frente a la gravedad del hecho, la institución naval fijó su postura oficial. “Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”, remarcó la fuerza.
El esquema del desfalco y los beneficiarios
El mecanismo delictivo no respondía a fallas técnicas casuales, sino que camuflaba transferencias fraudulentas dentro del pago mensual a más de 24.000 efectivos para eludir los controles previos.
La investigación precisó que cuatro personas ajenas a la fuerza cobraron $ 434.200.718,04 en 184 acreditaciones, figurando María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. Prieto, quien percibió $ 152.259.495,86, es esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista.
En el sumario interno, el propio Atanasoff admitió la maniobra unilateral para beneficiar a sus allegados y asumió la responsabilidad absoluta en la carga manual de los montos desvíados.
Las irregularidades alcanzaron a personal interno: Roberto Eduardo Castro cobró haberes en simultáneo dentro del país y en el exterior, mientras que su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, percibió fondos mientras gozaba de una licencia sin goce de sueldo.
Hasta el momento de la denuncia se recuperaron $ 42.574.267,63, quedando un saldo pendiente de $ 938.574.300,25, al tiempo que la fuerza naval extremó los controles internos y preservó todo el material probatorio.
