En un informe de 38 páginas, el pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un trabajo sobre el proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible para una parte de la población argentina, y dejó plasmada una dura crítica al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Según el organismo de control, se verificaron “deficiencias relacionadas con: ejecución financiera del préstamo y control interno administrativo contable” en la gestión de un crédito internacional destinado a subsidios energéticos.
El foco sobre un desembolso de u$s 200 millones
El eje central del informe gira en torno a la falta de documentación que acredite tanto el uso correcto como la correspondiente auditoría en la utilización de u$s 200 millones, parte de un crédito de u$s 500 millones acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que integra el Banco Mundial.
La ejecución de este programa está a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía. El objetivo declarado es apoyar el otorgamiento de subsidios a la energía eléctrica para mejorar los mecanismos de selección e implementar esquemas de subsidios mejor focalizados.
En ese marco, el programa apuntaba a mejorar los registros existentes a nivel nacional y subnacional; incluir hogares vulnerables en las bases de datos corrigiendo errores de inclusión o exclusión; registrar y procesar fuentes de información optimizadas sobre el consumo de energía eléctrica a nivel residencial; y, finalmente, brindar subsidios a la energía eléctrica vinculados con shocks externos.
En lo formal, las empresas seleccionadas por el Estado para la implementación fueron EDENOR y EDESUR. De acuerdo con el convenio con el BIRF, el programa tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2028.
El período auditado por la AGN fue del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2024. La documentación fue analizada entre abril y julio de 2025 y, a partir de esa labor, se emitió una opinión que fue presentada y aprobada recientemente. Todo ello, teniendo en cuenta que al momento de la revisión solo se había ejecutado el 41% del préstamo acordado.
Manual operativo sin aprobar y papeles faltantes
Uno de los primeros puntos señalados por la AGN fue que “al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo”.
El organismo subrayó la desprolijidad y la falta de control en el manejo de los fondos, a partir de que, mediante una nota emitida el 2 de diciembre de 2024, el BIRF dio por cumplidas las condiciones de entrada en vigencia del contrato de préstamo y habilitó el pago directo realizado el 11 de diciembre de 2024.
En esa fecha, los u$s 200 millones ingresaron en la Tesorería General de la Nación. Sin embargo, allí se abren los interrogantes: según la AGN, “se señala que al cierre del ejercicio auditado aún no se contaba con la siguiente documentación relativa a la operación del Programa: Manual Operativo (MOP con no objeción del BIRF); POA y Plan de Adquisiciones con no objeción del BIRF y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo”.
La Auditoría fue incluso más allá y advirtió sobre la “falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones”.
En esa línea, detalló que se tomó “una extracción del sistema SGUER, por el periodo diciembre 2023 a julio 2024 (según fecha de emisión de factura) por Distribuidora EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios identificados como N2, y si cuenta con no objeción del BIRF”, pero sin contar con el respaldo documental que a juicio del organismo debería acompañar ese proceso.
La respuesta de Economía y la recomendación de la AGN
Frente a estas observaciones, el Ministerio de Economía intentó responder deslindando responsabilidades en las empresas privadas. Señaló que “las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación”.
Como la explicación no satisfizo a la AGN, el organismo dejó asentada una recomendación concreta: “Incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo”.
Problemas en el RASE y en los sistemas informáticos
En otro tramo del informe, la AGN cuestionó la implementación del proyecto al indicar que falta “una efectiva interacción entre la Secretaría de Energía (representada por la Dirección de Información Energética -DIE-) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), en relación a la administración del sistema RASE”.
El RASE es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, herramienta clave para identificar a los beneficiarios. Sobre este punto, la Auditoría añadió la “inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento de las tareas informáticas que realiza la Dirección de Información Energética, vinculadas con el sistema RASE”.
Sin controles claros sobre la aplicación del subsidio
Otro de los aspectos críticos señalados por la AGN fue la ausencia de un mecanismo de control en el ámbito de la Secretaría de Energía que permita verificar si el subsidio otorgado está siendo aplicado efectivamente en las facturas de los clientes.
Además, la Auditoría indicó que “no se pudo verificar la existencia de normas o procedimientos y/o cursogramas donde se detallen los circuitos de adquisiciones, contrataciones, pagos, registro contable”.
Ante este señalamiento, la respuesta de Economía fue que ese esquema de procedimientos se encontraba “en proceso de ajuste”.
De todas maneras, la AGN se encargó de aclarar que “el requerimiento de auditoría efectuado por el prestatario no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan”.
Más allá de esa precisión metodológica, el organismo de control remarcó que el contenido del informe debería ser tenido en cuenta para perfeccionar los mecanismos de control y la documentación de los desembolsos.
