La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso bajo la lupa a 120.000 empleadores, luego de identificar “posibles irregularidades” en el registro de sus trabajadores. Las empresas fueron intimadas porque, por su actividad y niveles de facturación, desde el ente recaudador determinaron que deberían contar con trabajadores, pero no declararon empleados en relación de dependencia.
Los sectores alcanzados pertenecen al rubro inmobiliario, servicios jurídicos, enseñanza privada, minas y canteras, servicios petroleros, entre otros. También se observaron casos donde vencieron los plazos para presentar las declaraciones juradas de trabajadores correspondientes a junio.
Las 120.000 intimaciones fueron enviadas por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, encabezada por Carlos Castagneto. Las notificaciones se dieron luego de realizar un cruce de información disponible en las bases de datos de las áreas especializadas en fiscalización y control de las relaciones laborales.
En caso de no regularizar la situación, desde la AFIP advirtieron que los empleadores podrían ser sancionados, multados o, incluso, tener una clausura del establecimiento.
“La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional. Los instrumentos de investigación y control se potencian, a su vez, con los avances registrados en la implementación del Libro de Sueldos Digital”, indicaron fuentes oficiales.
Recientemente, inspectores del organismo detectaron una informalidad del 70% en locales gastronómicos del barrio porteño de Palermo, donde se aplicaron “multas multimillonarias”. En este caso, las irregularidades más frecuentes fueron la ausencia de cobertura y la subdeclaración de los salarios.
Anteriormente, también se llevaron a cabo fiscalizaciones en el sector textil, tanto en comercios como talleres de confección de ropa de la ciudad de Buenos Aires y Pergamino; y en lavaderos de autos del área metropolitana. En esas ocasiones, afirman que hubo irregularidades de hasta el 80% de los casos relevados.
