¿La AFIP filtró datos secretos con fines políticos?
La Justicia federal avanza en una causa que involucra a un grupo de funcionarios de la AFIP por “filtrar” información confidencial sobre contribuyentes, con objetivos políticos. El fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de “violación de secreto” al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de “dossiers” de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación. La imputación alcanza a la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, una de las principales denunciantes por hechos de corrupción durante el kirchnerismo.
La denuncia original había sido radicada en Tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional de uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria. En sigilo, Taiano impulsó la acción penal a la que accedió Ámbito Financiero, y requirió que se abra una causa contra todos quienes fueron mencionados en la presentación, además de ordenar una batería de medidas tendientes a establecer si dentro de la AFIP funcionaba una suerte de “task force” encargada de recopilar información sensible que era luego utilizada por allegados al Gobierno.
El juez Claudio Bonadio adoptó las primeras actuaciones para corroborar la autenticidad del mensaje recibido por email que describía el marco de actuación dentro del organismo recaudador. Ordenó a la Policía Federal que perite la computadora y el sistema informático del legislador Rodolfo Tahilade, quien formalizó la denuncia.
La imputación impacta en la actual cúpula de la actual AFIP: involucra al administrador general, Abad; al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola; a Mecikovsky en su rol de subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior; y a funcionarios de ese organismo. Entre ellos se menciona a Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.
Mecikovsky (ya imputado por Taiano) declaró la semana pasada como testigo en el marco de la investigación por lavado de dinero que instruye el juez Sebastián Casanello y apuntó contra su exjefe, Ricardo Echegaray, a quien señaló como parte de un sistema de protección contra Lázaro Báez, principal imputado y detenido en el marco de ese expediente. También señaló a Cristina de Kirchner y al exministro Julio De Vido, además de al exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien salió al contraataque de su declaración. Taiano agregó a la “diputada nacional Elisa Carrió, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita individualizar a otros”.
El expediente N° 3386/2016, caratulado “Mecikovsky, Jaime y otros s/violación de secretos”, retoma los términos de la denuncia y apunta que el agente anónimo identificado como “CB” “habría sido obligado a ingresar a distintos sistemas del organismo -tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis aportes- para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo y/o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten”.
El denunciante señaló a Mecikovsky como quien implementó la maniobra “para entregarle memos, dossiers y/o carpetas” a Carrió, con quien “mantendría asiduas comunicaciones”. Allí mencionó que se suministró información sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); de jueces federales como Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero; y de exfuncionarios kirchneristas.
El denunciante destacó que uno de los primeros informes suministrados fue el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denunciado por Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que se cerró en marzo último. Además, el fiscal transcribió que esos mismos informes habrían sido utilizados en causas que involucran empresas de Báez y de Cristóbal López.
Párrafo aparte, Taiano pidió investigar si “con el aval de Castagnola y Abad, Mecikovsky asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa IECSA, que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta”. Esa firma constructora es de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.
Por esto es que Taiano le pidió a Bonadio investigar la titularidad de un teléfono aportado a la causa, terminado en 9131, se investigue la nómina y organigrama de AFIP y en especial “los registros de consultas efectuadas en las bases de datos del organismo por parte de los imputados”. Taiano incluyó en el requerimiento “recabar toda la información” sobre los planes impositivos otorgados a IECSA.
Mecikovsky, cuando declaró como testigo, negó tener un trato con Carrió y con Margarita Stolbizer, pero reconoció contactos con la abogada Silvina Martínez, una de las principales asesoras de la líder del GEN.