La AFA apeló la resolución que declaró inválida la asamblea que reeligió a Chiqui Tapia por aclamación
La Asociación del Fútbol Argentino presentó en las últimas horas la apelación a la resolución del Gobierno que declaró inválida la asamblea ordinaria de la entidad donde se decidió la reelección anticipada del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, la suspensión de los descensos y la creación de un nuevo torneo, la mudanza de la sede de la entidad a la provincia y los balances.
El recurso incluyó fuertes acusaciones a Javier Milei, a quien responsabilizó por la “ofensiva pública sostenida con la cual han intentado forzar la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas” (SAD).
En un extenso escrito de 60 páginas firmado por Federico Helfer y Julieta Chabagno, dirigido a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, la AFA reclamó que se remita “en forma urgente” el expediente al tribunal de alzada para dirimir las diferencias de criterios expuestas por las partes, se declare la nulidad y se revoque la resolución que firmó la autoridad de control que había ordenado suspender la asamblea, y “se confirme la validez de la consideración, tratamiento y votación de todos y cada uno de los puntos” que habían sido observados.
En el escrito, se advirtió que la reunión que se llevó a cabo en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza, “todos y cada uno de los puntos del orden del día fueron aprobados por 44 de los 45 miembros habilitados para participar en la Asamblea”. “Los asambleístas no sólo mocionaron y votaron a favor de proceder con el tratamiento de todos los puntos, sino que también se expresaron de manera contundente en favor de las cuestiones sometidas a consideración, con una mayoría arrolladora”, indicaron los letrados de la entidad madre del fútbol.
Y subrayaron que “la única excepción a esta amplia aprobación fue la negativa, abstención y/o no participación en el tratamiento de algunos puntos por parte del representante de Talleres”, el club cordobés que presentó un recurso para que no se realizara la Asamblea.
Pero dentro de la extensa exposición de las cuestiones legales, se destacan tres párrafos en los que apunta directamente contra el presidente Milei. “Desde el inicio del mandato han lanzado una ofensiva pública sostenida contra la AFA y sus autoridades, por medio de la cual han intentado forzar la entrada de las SAD en el fútbol argentino concretamente buscando su admisión como miembros de mi mandante, no obstante lo expresamente establecido por el Estatuto de la AFA al respecto”.
“El propio presidente de la Nación ha señalado en varias oportunidades que la resistencia de la AFA a las SAD es ‘un atentado contra la libertad’, incluso en una entrevista comparó la postura de la AFA en este tópico con la de un restaurant que se niega a ofrecer más opciones en su menú, señalando en reiteradas oportunidades que la entidad ‘no está por encima de la Constitución’ y que de no adaptarse a la legislación consideraría intervenir la AFA”, continúa el escrito. Y también señala con nombre y apellido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “quien causalmente tiene bajo su órbita a la Inspección General de Justicia, organismo que ha dictado la resolución de suspensión que aquí impugnamos”.
En la apelación, la AFA advirtió que la resolución que intentó suspender la asamblea es “irrazonable, improcedente y por sobre todo arbitraria y por ende ILEGÍTIMA” (las mayúsculas y el resaltado pertenecen al original), ya que “se ha pretendido negar -digamos la verdad- por mera voluntad política del gobierno de turno, uno de los derechos más elementales como es el poder reunirse, deliberar y votar en asamblea, conculcando de tal modo sus garantías constitucionales”.
También señaló que hubo una “falta de agotamiento de la vía interna institucional y la omisión de su consideración en la resolución recurrida”, al mismo tiempo que señaló supuestos “defectos formales inadvertidos” por la IGJ, principalmente por la presentación que hizo el Club Talleres, que presidía Andrés Fassi, que fue sancionado el mes pasado por agredir a un árbitro.
La AFA reclamó una afectación al derecho de defensa y al debido proceso, la existencia de “absurdos motivos en los que se fundamentó la suspensión del acto”, y que “la suspensión de la asamblea debe ser un acto de última ratio”, pero para la mirada de la entidad del fútbol, “no existían vicios e inconsistencias con virtualidad suficiente para tomar semejante decisión”.
“La resolución afecta derechos fundamentales de los miembros de la AFA y subestima el poder de la asamblea”, sumó como argumentos, y que “no existe ni existió ningún acto contrario a la ley, al estatuto o a los reglamentos que justifiquen la declaración de irregularidad e ineficacia declarada” por la autoridad de aplicación.
Cómo sigue la disputa
Más allá de las consideraciones jurídicas y políticas del escrito, a partir de la apelación presentada por la AFA, dentro de los cinco días siguientes la IGJ debe decidir si concede el recurso o no. No obstante, se descarta que lo concederá y las actuaciones serán elevadas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que es la que dará trámite al recurso, corriendo a su vez un nuevo traslado a la IGJ para que opine sobre los argumentos apelatorios de AFA.
Después de ese ida y vuelta, se abre otro plazo de cinco días, tras lo cual la Cámara se tomará el tiempo que considere necesario para resolver. Para el Gobierno, mientras tanto, jurídicamente “todo queda como estaba antes de la asamblea, porque “la ley 22.315 que rige en esta materia no contempla este tipo de apelaciones bajo un régimen suspensivo de las decisiones recurridas”, explicaron.
De todos modos, hay un tema de importancia mayúscula: el de los descensos, porque la reforma propuesta por Chiqui Tapia, aprobada por unanimidad -a excepción de Talleres que no votó-, requiere la convalidación oficial, que se dará recién cuando la Cámara revoque la resolución de la IGJ. Lo cierto es que con el apoyo unánime obtenido, los equipos clasificando y participando de competencias, a medida que pase el tiempo, puede tornar abstracta una definición. Es el límite que encontró el Gobierno, por ahora.