La Aduana realizó donaciones a municipios y al Gobierno entrerriano
La Dirección General de Aduanas dirigida por Guillermo Michel ha concretado nuevas donaciones, en el marco de la Ley 25.603, en las municipalidades de Gilbert, Aldea San Antonio, Hernández, Concordia y la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos.
En esta ocasión la mercadería consiste en productos de bazar, indumentaria, calzado, carpas, camiones y juguetes —el valor combinado de todo ello asciende a $4.958.450. En total, durante 2022, la provincia mencionada recibió mercancías valuadas en $25.852.408.
Asimismo, se están accionando mecanismo para acercar camiones a cuarteles de bomberos de distintas jurisdicciones dentro de la provincia mesopotámica. Dichos vehículos son imprescindibles para afrontar la problemática de incendios en la región.
En cuanto a los neumáticos que no cuentan con las certificaciones necesarias para ser donados mediante el procedimiento habitual, la Aduana los entrega a las fuerzas de seguridad —siempre que resultaran aptos para el desarrollo de sus funciones—, en el marco de un acuerdo anunciado a fines del año pasado. En efecto, las dependencias aduaneras entrerrianas se han comprometido con la entrega 2.787 unidades. Cabe destacar, esta iniciativa forma parte de la política de aduanas verdes de la gestión de Michel, ya que evita el impacto ambiental que implicaría la incineración de los neumáticos.
Por su parte, en el 2022 los ingresos por la subasta de productos secuestrados en la Dirección Regional Aduanera Hidrovía, que la provincia de Entre Ríos integra, totalizaron $58.807.050,31.
Por último, las aduanas de la provincia incautaron 7.469 municiones y armas, dado que no cumplían con la reglamentación necesaria para su transporte, tenencia o comercialización. Se trata de materiales controlados por el ANMAC y se encuentran con destino de destrucción. En este momento se está tramitando la identificación, retiro y destrucción de las mismas.
El compromiso de la institución dirigida por Michel es continuar trabajando para que las mercaderías incautadas por el Estado nacional tengan un impacto positivo, con mirada federal, sobre la sociedad, ya sea en forma de donación, productividad de las fuerzas de seguridad o protección del medioambiente.