El exsenador nacional Edgardo Kueider, referente del peronismo entrerriano, quedó formalmente detenido en Asunción, capital paraguaya, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades de ese país. Sobre el concordiense pesa una orden de captura internacional en el marco de una causa federal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, instruida por la jueza Sandra Arroyo Salgado en los tribunales de San Isidro.
El procedimiento fue ejecutado este martes por la mañana, alrededor de las 8.15, en una vivienda ubicada sobre la calle 18 de Julio, donde cumplía arresto domiciliario por una causa previa de contrabando de divisas. Personal de la División de Operaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-Paraguay fue el encargado del operativo, en cumplimiento de un oficio emitido por el juez Rolando Duarte, quien dio curso al pedido de extradición formulado por la Justicia argentina.
Junto a Kueider se presentó también su exsecretaria, Iara Guinsel, sobre quien pesaba una orden de captura de similares características. Ambos estuvieron acompañados por sus defensores en Paraguay: Mateo Sarubbi Rojas, Carlos Arévalo y Juan Marcelo Bogado Escobar. Tras su entrega, fueron trasladados a la sede central de Interpol, donde quedarán alojados hasta que se resuelva la extradición.
Según informaron desde el Ministerio Público paraguayo, Kueider no podrá regresar al régimen de prisión domiciliaria mientras se analiza su situación judicial. En el momento de su detención se encontraban en posesión de más de 200 mil dólares sin declarar. Por ahora, no se ha definido en qué dependencia quedarán alojados de manera permanente hasta su eventual remisión al país.
La entrega se produjo en el marco de una causa iniciada el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Brasil, con dinero no declarado. Este expediente por contrabando será considerado antecedente clave en el proceso de extradición.
La Justicia paraguaya deberá evaluar si los delitos cometidos en ese país tienen una expectativa de pena menor o mayor que los investigados en la Argentina, lo que podría afectar la autorización del traslado. En tanto, este miércoles y jueves están previstas las audiencias preliminares que definirán si el caso por contrabando de divisas va a juicio oral.
Kueider se opone al traslado. Ha dejado entrever públicamente su desconfianza hacia la jueza Arroyo Salgado, aunque evita una confrontación directa. También tiene en claro que, de regresar, las condiciones carcelarias en la Argentina serían mucho más duras que las que mantenía hasta ahora en Paraguay. “Si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”, declaró hace unos meses en una entrevista con el programa Cuestión de Fondo, que se emite por Canal 9 Litoral.
La causa que lleva adelante la magistrada federal de San Isidro no es la única. En Entre Ríos, también es investigado por enriquecimiento ilícito, causa que tramita en la Justicia de Concordia. El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias lo siguen de cerca desde sus inicios en la función pública, allá por 1999.
A raíz de que ambas causas versan sobre el mismo delito, se generó un conflicto de competencia entre los juzgados federales de Concordia y San Isidro, cuestión que deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal superior común a ambos fueros.
La trayectoria política de Kueider comenzó como concejal en Concordia. Tras un período alejado de la gestión, Gustavo Bordet —por entonces intendente— lo volvió a incorporar al Municipio. Desde allí creció como hombre de confianza, y ya con Bordet en la Casa Gris, fue nombrado secretario General de la Gobernación entre 2015 y 2019. Luego llegó su salto al Senado de la Nación, donde representó al peronismo entrerriano.
En el plano parlamentario, en diciembre de 2022 decidió romper con el bloque Unión por la Patria, alegando que sus proyectos no eran tratados. Formó parte de un bloque “federal” junto a otros senadores. A mediados de 2024, su voto resultó clave para aprobar la controvertida Ley Bases del gobierno de Javier Milei, lo que le valió duras críticas del kirchnerismo. Desde entonces, sectores afines al gobierno anterior vinculan el dinero incautado en Paraguay con un presunto pago por ese respaldo legislativo.
Sin embargo, los bienes bajo sospecha en la causa por lavado datan de antes de su llegada al Senado. Lo mismo ocurre con la constitución de empresas fantasmas atribuidas tanto a Kueider como a supuestos testaferros.
