La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por YPF y revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera. Además, rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato contra el país, confirmó otros puntos a favor del Estado y ordenó que el caso siga su curso.
Es un fallo histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. De esta forma, el país evitará pagar más de US$16.000 millones.
El Tribunal de Apelaciones revocó parte del fallo anterior y dispuso que la causa vuelva a instancias inferiores para continuar el proceso bajo los nuevos criterios fijados. La Corte de Apelaciones, en su fallo, sostiene que “las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del Tribunal de Distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos”.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera.
El Tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.
Se trata del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, en un contexto en el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país.
El principal perjudicado por el fallo es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar por unos 15 millones de euros y ya había recaudado más de US$300 millones al vender participaciones en la demanda.
Tras la decisión, las acciones de Burford en Estados Unidos llegaron a desplomarse hasta 54%. Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema, el fallo frena por ahora cualquier intento de cobro y pone en duda que puedan efectivamente percibir la indemnización.
