La magistrada porteña Laura Beatriz De Marinis defendió públicamente su postura frente a las críticas del Gobierno Nacional y los pedidos de jury, luego de emitir una sentencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil en el marco de una causa que involucra a un menor de 14 años imputado por robo.
“Lo primero que quiero dejar bien en claro es que esto es una decisión en un caso concreto”, remarcó la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 al fundamentar los alcances de su resolución.
En ese marco, la magistrada explicó que actuó a partir de una solicitud puntual efectuada por la Defensa Oficial y acompañada por la Asesoría Tutelar. “No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto”, expresó.
El expediente abordó el hecho protagonizado por un adolescente de 14 años que, junto a otros cuatro jóvenes, intentó sustraer pertenencias a un hombre de 47 años en la vía pública hasta la llegada de los efectivos policiales. La jueza dispuso el sobreseimiento del menor, pero aclaró que el proceso penal avanza contra los acusados de 16 años, a quienes sí alcanza la Ley 27.801.
A través de dicho pronunciamiento, la magistrada declaró la inconstitucionalidad del artículo 1.º de la Ley 27.801 para este caso puntual, norma que fijó la punibilidad para la franja etaria de 14 a 17 años según los delitos del Código Penal.
Los argumentos del fallo
De Marinis sostuvo su condición de jueza especializada y remarcó la aplicación del principio del interés superior del niño conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y los criterios del Comité de los Derechos del Niño.
“Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”, sentenció. Y agregó: “Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él”.
Frente a las repercusiones por el lenguaje utilizado en el dictamen, aclaró: “Lo que escribí respecto de qué tiene que hacer el mundo adulto es poner en lenguaje claro y un poco más coloquial lo mismo que dijo el comité en dicha observación”. Además, fundamentó que adaptó el texto para que la resolución resulte comprensible para los propios adolescentes.
En relación con la situación vivida por la víctima, reconoció el contexto de temor que debió atravesar durante el episodio, pero aclaró que no se registraron lesiones físicas directas durante el hecho. “Lo cierto es que no sufrió una lesión particular en su integridad física ni existió un hecho de violencia física”, argumentó.
Apelación y pedido de juicio político
Por su parte, la fiscalía presentó la apelación correspondiente y dos integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil solicitaron la recusación de la jueza. En paralelo, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, impulsó formalmente una solicitud de jury ante el Consejo de la Magistratura.
Respecto a los cuestionamientos derivados de su participación en el debate legislativo, la jueza descartó que vaya a emitir fallos de inconstitucionalidad de forma automática en futuros expedientes.
“Hay casos —y creo que queda claro en mi resolución— que son aberrantes y donde lo que está en juego es el valor vida”, concluyó al detallar que cada circunstancia requerirá un análisis singular sobre la trayectoria y contención estatal del menor involucrado.
Por último, mediante un escrito complementario del juzgado, se reiteró que la inconstitucionalidad se limitó estrictamente a los hechos de esta causa, al tiempo que la magistrada cuestionó las presiones políticas y apuntó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras advertir: “Cualquier juicio político que se inicie en función a la resolución fundamentada es de una extrema gravedad institucional”.
