Juez amplía procesamientos a Stornelli y otros implicados en la causa espionaje
El fiscal federal Carlos Stornelli quedó a un paso del juicio oral y público y con su pasaporte retenido en el caso en el que se investiga una asociación ilícita que se dedicó a la extorsión y al espionaje ilegal en el que uno de los principales acusados es el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento del fiscal Stornelli, le fijó una fianza o caución de 10 millones de pesos y ordenó la retención de su pasaporte.
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El magistrado también amplió el procesamiento del periodista de Clarín Daniel Santoro al considerarlo miembro de la asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.
En una resolución de 1125 páginas el juez amplió el procesamiento de Stornelli por la tentativa de extorsión a Pablo Barreiro, el exsecretario presidencial de Cristina Kirchner por los “aprietes” para hacerlo declarar en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
También se amplió el procesamiento al falso abogado D´Alessio por otro caso de intento de extorsión, al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone. Otro de los procesados es el exagente de inteligencia Pablo Pinamonti, que respondía a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El juez Ramos Padilla decidió cerrar la instrucción del caso respecto de algunos acusados y ya pidió opinión a todas las partes con miras a la elevación a juicio –una vez que los procesamientos estén firmes- del expediente en el que se investiga a una gran banda dedicada al espionaje y a extorsión.
La resolución explica que el objeto de la investigación “excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, consignó el juez.
“Puede afirmarse que la instrucción se encuentra completa y en condiciones de dar inicio al proceso de su elevación para la realización de un debate público en el cual los involucrados podrán, de cara al tribunal y la sociedad, exponer sus razones y defensas”, estimó el juez de cara al juicio oral.
El magistrado concluyó que “la cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”.