Juan Pablo Aguilera seguirá en prisión
Juan Pablo Aguilera continuará detenido. La Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación efectuado por su defensa, en un fallo dividido. La medida también comprende a Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y al contador Sergio Cardoso, ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.
Las juezas Marcela Davite y Marcela Badano confirmaron el encarcelamiento preventivo de Aguilera y Almada en la unidad penal y de Cardoso bajo arresto domiciliario, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. En cambio, el juez Hugo Perotti consideró que los tres podrían cumplir la prisión preventiva en sus domicilios.
Los tres están señalados como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la causa en la cual se investigan presuntas contrataciones irregulares, en el seno de la Legislatura, entre los años 2008 y 2018, con la participación de funcionarios públicos y estudios contables.
Davite, que hizo el voto al que adhirió Badano, admitió que “la prisión preventiva es la medida de coerción más extrema” y “excepcional” sostenible ante el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y, en este caso, consideró que existe una “grave sospecha de que los imputados podrían entorpecer la investigación”.
Por lo demás, ratificó la existencia de un peligro de que los tres pudieran entorpecer la investigación en caso de quedar en libertad, “en base a la numerosa prueba que se exhibió” en las sucesivas audiencias donde se discutió la prisión preventiva.
Según los colegas de Página Judicial, concretamente, se les atribuyen acciones de entorpecimiento de la investigación. Los magistrados consideran que Aguilera instó a través de su esposa, Luciana Almada, a ocultar información, ya que la mujer instruyó a su madre para que en caso de recibir un allanamiento escondiera su teléfono celular y entregara uno en desuso. En el caso de Alejandro Almada, se comunicó a través de WhatsApp con una ex cuñada luego de que ésta fuera citada a declarar por los fiscales que tienen a su cargo la investigación –previo a la imputación de Almada– y volvió a hacerlo tras la declaración como testigo. En cuanto a Cardoso, en los inicios de la investigación intentó eliminar datos de su computadora.
La jueza Davite sostuvo que “las acciones desplegadas por los imputados constituyen un riesgo procesal, lo que habilita restringir la permanencia en libertad de los imputados, con el objeto de evitar eventuales conductas que pongan en peligro la averiguación de la verdad; vale la pena recordar, que la justicia de una sentencia en un proceso judicial depende de una adecuada investigación de los hechos”.
La magistrada resaltó que “la decisión de confirmar la prisión preventiva en razón del peligro de entorpecimiento resulta debidamente fundada, en tanto –más allá de la amenaza de pena que nace de los hechos imputados– las cautelas personales impuestas, especialmente a Aguilera y Almada, provienen de la comprobación de comportamientos que, en el marco en el cual se produjeron, no pueden dejar de ser interpretados como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso”.
En cambio, el juez Perotti dijo que si bien comparte la idea de que los imputados podrían obstaculizar la averiguación de la verdad, y por lo tanto, debían permanecer bajo arresto preventivo, consideró que la medida podrían cumplirla en sus domicilios.
El magistrado resaltó que Aguilera y Almada son los únicos imputados que permanecen en la unidad penal; mientras que algunos se encuentran bajo arresto domiciliario, como es el caso de Cardoso; y la mayoría de ellos están en libertad.
Perotti concluyó que corresponde sostener la prisión preventiva “porque existen (o existieron en aquél momento) conductas y acciones que llevan a pensar en la probable obstrucción del proceso”, pero advirtió que “la prisión preventiva dictada para garantizar aquellos fines bien puede ser sustituida por una medida cautelar menos gravosa”, como sería la prisión domiciliaria “con absoluta prohibición de salir de la vivienda” e incluso planteó a modo de sugerencia la imposición de una tobillera o pulsera electrónica. Su postura quedó en minoría y, entonces, Aguilera y Almada, seguirán en prisión.