El Gobierno nacional oficializó el Decreto 926/2025, que introduce modificaciones en la administración de los Fondos Rotatorios del Estado, una herramienta clave para afrontar gastos operativos inmediatos dentro de la administración pública. La medida, firmada el 29 de diciembre, actualiza el Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera.
Según se informó oficialmente, la norma busca ordenar el manejo del dinero público, evitar la existencia de fondos ociosos y adaptar el sistema a las reestructuraciones internas que se producen cuando programas presupuestarios son transferidos entre organismos del Poder Ejecutivo.
Qué cambia en los Fondos Rotatorios
El decreto mantiene el tope general vigente: los Fondos Rotatorios podrán seguir representando hasta el 3 % del presupuesto original de cada organismo, excluyendo las partidas destinadas a ayudas sociales. Estos fondos están destinados a cubrir gastos menores o urgentes, sin necesidad de recurrir al régimen habitual de contrataciones.
La principal novedad es que, cuando un organismo reciba nuevos programas presupuestarios durante el ejercicio, podrá ampliar su Fondo Rotatorio hasta otro 3 % del presupuesto transferido. En contrapartida, el organismo que cede esos programas deberá reducir su fondo en igual proporción.
Más control y menos dinero inmovilizado
La norma también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda, que podrá fijar límites inferiores al 3 % si detecta que un organismo no utiliza plenamente los fondos asignados. El objetivo es evitar que el dinero permanezca inmovilizado en cuentas bancarias sin aplicación efectiva.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida apunta a mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer los mecanismos de control, en línea con la política de ordenamiento fiscal y reducción del gasto impulsada por el Gobierno.
Cambios en los Fondos Rotatorios Internos
Otro aspecto relevante del decreto elimina requisitos considerados desactualizados. A partir de ahora, los Fondos Rotatorios Internos deberán constituirse por montos superiores al equivalente a 80 módulos, de acuerdo con el valor vigente del módulo presupuestario.
Los fondos que se encuentren por debajo de ese umbral deberán adecuarse a la nueva normativa, lo que permitirá simplificar la operatoria administrativa y reducir la cantidad de cuentas bancarias gestionadas por los organismos estatales.
Menos efectivo y más pagos electrónicos
La decisión se apoya en el avance sostenido de los medios de pago electrónicos, como las tarjetas corporativas, que desde hace años vienen reemplazando al efectivo y a los cheques en la administración pública.
De este modo, el Gobierno busca modernizar la gestión financiera, reducir trámites innecesarios y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. El decreto entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
