Una denuncia anónima ingresó a la Oficina Anticorrupción para acusar formalmente al director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones, Juan Ignacio Rivera, por intervenir como letrado privado en un proceso y luego influir en los dictámenes técnicos de su propio organismo. El expediente se tramita en la Dirección de Transparencia y busca determinar si existió un modus operandi dentro de la entidad que orbita bajo el Ministerio de Economía.
De acuerdo con la presentación administrativa, Rivera actuó “como abogado en una instancia de mediación prejudicial representando intereses privados en la causa ‘METAL VELTRI S.A. c/ EDESUR S.A. s/ Expropiación – Servidumbre Administrativa’”, siendo considerado una figura de extrema confianza del titular del cuerpo, Julio Villamonte.
El documento oficial advierte además sobre los vínculos personales del letrado, al señalar que “mantendría una relación profesional o societaria con la Dra. Geraldine Esposito y que, aprovechando su cargo jerárquico en el TTN, tendría capacidad de influir en dictámenes técnicos vinculados a causas de expropiación. Específicamente, se habría instado a que la mencionada causa sea sometida a dictamen del propio organismo en el cual el Dr. Rivera ejerce funciones”. Cabe destacar que Espósito figura como su socia y pareja.
Cuando algunos pares le hicieron notar la incompatibilidad de su accionar en la función pública, la respuesta de Rivera fue un tajante “no pasa nada”, lo que encendió sospechas sobre su actuación en otros 400 procesos de tasación tramitados desde 2023.
En el acta de mediación rubricada con Edesur S.A. consta la firma electrónica del funcionario. El escrito elevado ante la titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Zángaro, remarca: “Rivera figura como asistente letrado de la parte requirente (Metal Veltri S.A.), habiendo procedido a la firma electrónica del acta de cierre en julio de 2023. Asimismo, consta en las actuaciones un escrito judicial donde la representación de Metal Veltri S.A. solicita al Juez la remisión de las actuaciones al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que se expida sobre el valor indemnizatorio de la servidumbre, conforme a lo ordenado en el proceso”.
En ese marco, los investigadores analizan una severa infracción a la Ley de Ética en la Función Pública, ya que el letrado litigó en el ámbito privado y simultáneamente requirió la pericia del ente estatal donde se desempeña en un cargo de conducción.
El pedido de apartamiento preventivo
Tras ser notificado de las actuaciones, el propio Rivera remitió una nota formal el 9 de septiembre solicitando alejarse temporalmente de su puesto mientras se sustancia la investigación disciplinaria.
En su descargo, el funcionario expresó: “A fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de las instrucciones impartidas, solicito a esa Presidencia tenga a bien arbitrar las medidas que estime pertinentes para instrumentar, en el ámbito del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, mi apartamiento de toda intervención en los asuntos alcanzados por aquellas, incluyendo aquellos en los que la Dra. Geraldine Espósito intervenga mediante representación, patrocinio o asistencia letrada, mientras dichas instrucciones se encuentren vigentes”.
En una primera nota interna el letrado sostuvo que el trámite revestía carácter reservado, aunque al día siguiente rectificó esa postura ante las autoridades.
Los detalles de la demanda contra Edesur
El litigio principal fue iniciado por Metal Veltri S.A., con el patrocinio de Geraldine Espósito, contra la distribuidora eléctrica por una servidumbre en la calle Ferré 3260 de la Ciudad de Buenos Aires.
En la demanda contra la prestadora de energía se argumentó que “la Servidumbre Administrativa de Electroducto ocupa varios metros cuadrados del inmueble propiedad del Metal Veltri Sociedad Anónima”, a raíz de la colocación de un centro de transformación.
La presentación judicial sostiene además que las instalaciones ocupan superficie clave de la propiedad, “atentando contra los caracteres esenciales del Dominio regulados por el Derecho Común tanto en lo absoluto, como en lo exclusivo y perpetuo”.
La maniobra quedó al descubierto cuando la empresa solicitó formalmente que “se remitan las actuaciones al Tribunal de Tasaciones de la Nación (…), a los efectos de que el Organismo, quien es el encargado de realizar la fórmula mediante la cual se llega a los valores indemnizables (Conf. Ley 19.552 y 24.065), la lleve a cabo, con más intereses y costas”, exponiendo la rúbrica de ambos letrados.
Frente al avance del expediente, puertas adentro del organismo estatal advierten que la maniobra no habría sido aislada y deslizan: “Si Rivera actuó con tanta displicencia es porque no sería extraño que esto ya viniera sucediendo. Esa seguridad solo se consigue si tu jefe te cuida”.
