La inundación de Santa Fe 2003 quedó jurídicamente cerrada tras más de dos décadas de trámite, con condenas confirmadas para exfuncionarios provinciales y el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.
La crecida del río Salado en 2003, agravada por intensas lluvias, se transformó en una de las peores tragedias de la historia de la capital santafesina. El agua anegó los sectores oeste y sur de la ciudad, afectó a más de 130.000 personas y provocó la muerte de 23 vecinos.
El desastre no solo dejó un saldo humano devastador. También expuso graves deficiencias en la gestión de las autoridades de entonces, que quedaron bajo la lupa de la Justicia penal por su actuación antes y durante la emergencia hídrica.
Condenas por negligencia estatal
En 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó una condena de 21 años de prisión para el exdirector de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, junto a otros funcionarios, por no ejecutar las obras de contención necesarias pese a contar con los fondos, y por la falta de mantenimiento del sistema de desagües.
En ese marco, los jueces entendieron que la omisión de obras y el deficiente mantenimiento de la infraestructura hídrica tuvieron incidencia directa en la magnitud del desastre, configurando responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó esas condenas, al considerar que la negligencia estatal en la prevención y gestión del riesgo hídrico derivó en consecuencias penales concretas.
Sobreseimiento de los últimos imputados
El proceso judicial concluyó en diciembre de 2025, cuando el juez Eduardo Beracchia (hijo) dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados de la causa, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.
Con esa resolución, se dio por finalizado un expediente que se extendió durante más de veinte años, atravesó distintas instancias judiciales y marcó la discusión pública sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a emergencias climáticas.
El dolor que no se archiva
Para muchas de las víctimas, el cierre del proceso judicial no alcanza para suturar lo perdido. “Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue”, expresó una vecina del barrio San Lorenzo, uno de los sectores más afectados por la crecida.
A 23 años de la inundación de Santa Fe 2003, la capital provincial sigue recordando aquella tragedia como un punto de inflexión. La prevención, la ejecución de obras hidráulicas y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a situaciones de riesgo quedaron instaladas como lecciones ineludibles para evitar que una catástrofe similar vuelva a repetirse.
