En pleno proceso de desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la conducción del organismo destinó en apenas seis meses más de US$ 200.000 a servicios de seguridad, con presencia permanente de Gendarmería, Policía de la Ciudad y un sistema de monitoreo con reconocimiento facial en su sede central del Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín.
Hasta hace algunos años, la entrada del predio se limitaba a una garita con dos policías. Hoy el paisaje cambió por completo: dos colectivos de la Policía de la Ciudad en la puerta, varios efectivos en su interior, cámaras de vigilancia y gendarmes que patrullan el predio en vehículos propios y del instituto.
En uno de esos rondines, los efectivos filmaron a un trabajador sin explicación previa. La situación quedó registrada en un video tomado por el propio empleado al cruzarse con la patrulla. A la salida, personal del instituto revisa mochilas y autos de los trabajadores y, de manera ocasional, se observa un camión hidrante apostado en la entrada.
Más de US$ 200.000 en seguridad en medio del ajuste
El INTI, organismo con casi 70 años de trayectoria dedicado a asistir a la industria mediante ensayos, capacitaciones y certificaciones, gastó en seis meses US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con reconocimiento facial, que incluyó la incorporación de 23 cámaras nuevas en el predio.
Ese refuerzo de seguridad se dio en paralelo al desguace del organismo: se anunció la baja de cerca de 1000 líneas de ensayo, se pusieron en riesgo más de 700 puestos de trabajo y el presupuesto acumuló una caída del 54% desde 2023. En mayo, la Justicia frenó por seis meses el recorte mediante una cautelar impulsada por ATE, que el instituto ya apeló.
La presencia de Gendarmería fue solicitada por el presidente del INTI, Miguel Ángel Romero, abogado, martillero y fundador de la empresa de seguridad “1816 Seguridad SRL”, a pocos meses de su asunción, y se consolidó a partir del 1 de noviembre de 2025.
Un “contrato interadministrativo de servicio adicional de seguridad”, de contratación directa, dispuso la custodia del predio de San Martín, ubicado en la avenida General Paz 5445. Gendarmería está facultada para prestar estos servicios adicionales con personal y medios propios por el decreto 1313/02 y por su estatuto, aprobado por el decreto 454/2025.
Un informe anual de la fuerza detalla que durante 2025 se suscribieron o renovaron 25 contratos de este tipo, entre los que se destacan el INTI y Nucleoeléctrica Argentina S.A..
Consultado sobre los motivos de la presencia de Gendarmería y el presupuesto destinado a seguridad, Romero se limitó a decir que no tenía nada para declarar.
De “mediano riesgo” a “alto riesgo” y más efectivos
El 29 de octubre de 2025, Romero envió por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con carácter de “Trámite muy urgente”, una nota titulada “Solicitud de Contratación Interadministrativa con la Gendarmería Nacional Argentina”.
Allí justificó el pedido: “Dado el carácter esencial de las tareas que desarrolla este Instituto y la importancia de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, es que se impulsa llevar adelante la mencionada contratación”, argumentaba el escrito.
El contrato estipulaba inicialmente la presencia de 7 efectivos de seguridad: tres en el edificio de Presidencia, dos en el ingreso principal sobre la avenida General Paz y dos en el acceso por la calle General Manuel Savio 1898.
Además, se designó a un supervisor de tarea, responsable de “instruir y dar órdenes operativas particulares y generales de la prestación”, y a un auxiliar administrativo. Según el documento, Gendarmería realizó un estudio de factibilidad y categorizó el servicio como de “Mediano riesgo”, aplicando el tarifario correspondiente.
Sin embargo, en marzo de 2026 el INTI pidió ampliar el servicio a 11 efectivos y en mayo se incrementó el número de gendarmes para el turno noche de 3 a 5.
En paralelo, Gendarmería recategorizó el servicio: la Dirección de Operaciones modificó la calificación del INTI de “mediano riesgo” a “alto riesgo”, invocando sus facultades para evaluar y determinar el nivel de riesgo de los objetivos protegidos.
La recategorización no fue simbólica: implicó la aplicación de una escala de aranceles más alta que la pactada al inicio.
Las facturas de Gendarmería y el costo en dólares
Las primeras seis facturas emitidas por Gendarmería Nacional al INTI, correspondientes a los meses de noviembre de 2025 a abril de 2026, detallan mes a mes la cantidad de efectivos por rol y módulos de horas.
Convertidos al dólar oficial del Banco Nación para la venta al día de emisión de cada factura, los montos fueron creciendo a la par de la ampliación del servicio: en noviembre se facturaron US$ 19.588; en diciembre, US$ 21.287; en enero, US$ 22.544; en febrero, US$ 26.110; en marzo, US$ 33.989; y en abril, US$ 36.025.
En total, las facturas del semestre suman US$ 159.543.
El contrato, firmado por dos años con posibilidad de prórroga por un año más, prevé además reubicaciones de efectivos y aumentos en su número.
Monitoreo 24/7 y reconocimiento facial
El refuerzo de seguridad no se limita a la presencia de fuerzas federales. El INTI instaló en su sede central una sala de monitoreo centralizada, ya en funcionamiento, desde la que se controlan en simultáneo todas las cámaras.
El sistema incluye 16 cámaras motorizadas, con visión nocturna, capacidad de captar imagen y sonido y reconocimiento facial contra una base de hasta 20.000 rostros.
Por esa sala se pagaron en octubre de 2025 US$ 46.511, unos $65 millones al tipo de cambio de ese mes, a la empresa Crosswise S.R.L., que según su página oficial también proveyó sistemas a organismos como SENASA, AGIP y AFIP.
La compra incluyó el sistema central de grabación y almacenamiento de imágenes, una computadora de procesamiento y un panel de ocho monitores de 55 pulgadas.
A esa inversión se sumó una segunda compra en octubre de 2025: siete cámaras de seguridad para exterior, marca Hikvision, adquiridas por $1.538.600 a la empresa Congreso Insumos S.A.. Con esas unidades, sumadas a las 16 conectadas a la central, el instituto llevó a 23 la cantidad de cámaras nuevas incorporadas en el predio.
Sueldos equivalentes y el impacto sobre el personal
Las seis facturas del semestre de Gendarmería, por US$ 159.543, equivalen a unos 160 sueldos brutos mensuales de un profesional con cerca de siete años de antigüedad en el instituto (categoría C4/C5).
Según la escala salarial del organismo, en junio de 2026 ese salario bruto rondaba los US$ 994 al tipo de cambio oficial del Banco Nación del último día hábil del mes.
Si se suma lo desembolsado por las cámaras de seguridad, US$ 46.511, el monto total equivale a unos 206 sueldos brutos.
Un recorte histórico en el presupuesto del INTI
El ajuste presupuestario sobre el INTI viene creciendo año tras año. Un informe de junio de 2026 del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) lo puso en números.
Según ese trabajo, el presupuesto del INTI cayó todos los años desde 2023 hasta acumular un descenso del 54,0% desde ese año. Medido contra su pico de 2016, el presupuesto actual es 64% más bajo, incluso por debajo del nivel de 2007.
El recorte no fue solo presupuestario y articula decisiones de dos carteras. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, diseñó la reorganización del Estado que enmarca el ajuste.
Su secretaría elaboró el diagnóstico sobre los organismos descentralizados y concentra la aprobación de cualquier movimiento de personal en los entes alcanzados.
El INTI, por su parte, depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, a través de la Secretaría de Industria y Comercio. Algunas medidas de ajuste fueron graduales, como los retiros voluntarios de los primeros meses de gestión, que redujeron el personal cerca de un 25%, de unos 3100 a 2300 empleados.
Intento de quitar la autarquía y cambio de conducción
El intento más drástico llegó por decreto. En julio de 2025, mediante el decreto 462, el Ministerio de Economía propuso quitarle al INTI su autarquía y, en particular, la facultad de administrar los fondos que cobra por los servicios que presta a la industria.
La iniciativa buscaba convertirlo en una unidad organizativa junto con otros tres institutos: el agropecuario INTA, el de propiedad industrial INPI y el vitivinícola INV.
Ambas cámaras del Congreso rechazaron el decreto en agosto, con los trabajadores movilizados. Sin embargo, el vaciamiento continuó por otras vías dentro del propio organismo.
Tras la caída de la iniciativa, se produjo el corrimiento del entonces presidente del INTI, Daniel Afione, y la llegada en septiembre de 2025 de Miguel Ángel Romero.
Fue Romero quien dispuso la cesación de la prestación de servicios clave como el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), a fines de noviembre de 2025, pocas semanas después del desembarco de Gendarmería en el instituto.
El último día hábil de diciembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la baja de servicios metrológicos legales y certificaciones vinculadas a medidores de concentración de alcohol en aire exhalado, surtidores de nafta y medidores de agua potable, entre otros.
Mil líneas de ensayo menos y un freno judicial
Los intentos de desguace continuaron. El 16 de abril de 2026, el Consejo Directivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 42, que dispuso la baja de unas mil líneas de ensayo vinculadas a seguridad alimentaria, calidad del agua, calidad de materiales de construcción, seguridad en ascensores y control de combustibles, entre otros.
Según los gremios, la medida ponía en riesgo unos 700 puestos de trabajo calificado, formados a lo largo de años.
El Consejo Directivo justificó la baja alegando que se trataba de servicios “sin demanda efectiva” o ya ofrecidos por el sector privado. El anexo incluyó controles de seguridad cotidianos: detección de contaminantes como salmonela o aflatoxinas en alimentos, calibración de ventiladores pulmonares (respiradores mecánicos de uso hospitalario) y ensayos para medir si sustancias del plástico, como el bisfenol A, migran del envase a la comida.
Trabajadores consultados advirtieron que no existe otro laboratorio que realice todos los ensayos que hace el INTI. Señalaron que hay un laboratorio privado que solo cubre algunos, insuficientes para determinar si un envase es apto o no.
En mayo, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Martín hizo lugar al amparo de ATE y frenó la medida por seis meses.
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la resolución: no dar de baja, transferir ni modificar los servicios; no mover el equipamiento técnico afectado; y mantener a todos los trabajadores con sus cargos y sueldos en las condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.
También exigió sostener los ensayos, certificaciones y transferencias tecnológicas “bajo la órbita estatal del INTI”.
Movilizaciones, represión y presencia constante de fuerzas de seguridad
Cada intento de desarticulación o degradación del INTI fue respondido con concentraciones y movilizaciones de trabajadores, gremios y empresarios pymes, que denunciaron el desguace de la institución y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas.
Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, con datos a abril de 2026, desde la asunción de Javier Milei se perdieron 28.262 empresas. En ese contexto, la represión en las protestas se volvió recurrente.
Un empleado del INTI describió cómo es trabajar con fuerzas de seguridad dentro del organismo: “Es una fuerza pública dentro de una institución de tecnología: la verdad es que intimida, intimida siempre. Están todo el tiempo en la puerta, y también está la Policía de la Ciudad con un colectivo afuera permanentemente, con agentes”, relató.
El mismo trabajador recordó una de las represiones en una movilización contra la baja de servicios: “Cuando se hace cualquier manifestación, como la que fuimos hasta el Parque Irigoyen, la policía está permanentemente ahí al lado, en cordones y cuando alguien pisa la calle, te empujan para que te subas arriba de la vereda. El otro día empezaron a gasear mientras la gente se estaba moviendo para desocupar la calle, entonces se pone picante. Hubo compañeros que estuvieron muy atacados por el gas. A mí me ardió la garganta, tosí un poco porque el gas vuela y ya te hace toser. Yo nunca había vivido una cosa así”, contó.
Lo que ocurre en el INTI no es un caso aislado. La presencia de Gendarmería en organismos de ciencia y tecnología ganó visibilidad al compás de despidos, degradaciones y disoluciones impulsadas por el Gobierno nacional.
Recientemente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue noticia por 60 despidos y el desalojo de trabajadores por parte de Gendarmería, que custodió al presidente del organismo, Martín Eduardo Porro, a la salida del edificio.
Otras manifestaciones fueron reprimidas por la Policía de la Ciudad, incluso con denuncias de golpes de puño directos al rostro de científicos del CONICET, que reclamaban por el cese de su obra social y la baja inminente de 379 profesionales.
Seguridad reforzada y delegados sindicales bajo la lupa
Mientras los trabajadores denunciaban la represión, la conducción del INTI reclamaba aún más seguridad y señalaba a los delegados sindicales como amenaza.
El 25 de junio de 2026, Romero le envió una nota al secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, para que evaluara las “condiciones de vulnerabilidad perimetral” del predio y coordinara “acciones preventivas”.
Fundó el pedido en “reiterados episodios de conflictividad”, como manifestaciones, bloqueos, hostigamiento y agresiones que, según él, protagonizaban “delegados y representantes sindicales vinculados a la Junta Interna de ATE-INTI”, y advirtió sobre una eventual “ocupación o toma” de edificios y laboratorios.
Para entonces, la custodia ya contaba con 11 efectivos de día, 5 de noche y 3 los fines de semana.
Trabajadores consultados señalan que Romero abandonó el edificio de la Presidencia en el predio de San Martín hace al menos dos meses y trasladó su oficina a la sede de la Ciudad de Buenos Aires.
En un video publicado el 28 de abril por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se ve a Romero siendo escoltado por decenas de gendarmes hasta una camioneta, entre gases lacrimógenos y empujones con trabajadores.
Según Aguiar, la escena ocurrió tras una reunión en la que Romero “convocó a los gremios con el único fin de notificar su intención de despedir masivamente a trabajadores”.
Dispensas obligatorias, puertas cerradas y desgaste
En junio se sumó una nueva medida que obligó a los trabajadores a ausentarse de sus puestos. La llamada “dispensa obligatoria” los forzaba a trabajar de manera remota y se comunicaba por correo electrónico el día anterior.
Este procedimiento se repitió tres veces en diez días. Además, el 22 de junio, la gerencia de Recursos Humanos informó que las puertas del Parque Tecnológico permanecerían cerradas durante toda la jornada, sin brindar justificación.
La decisión implicó no solo que los trabajadores no pudieran asistir a sus puestos, sino también que nadie pudiera acercarse al INTI a solicitar sus servicios.
Los empleados consultados interpretan estas acciones como estrategias de desgaste que combinan vigilancia permanente, intimidación con Gendarmería, control con cámaras, bajos salarios, paralización de tareas y desprestigio del organismo.
Un futuro atado a la Justicia
El futuro del INTI permanece abierto. Los representantes legales del instituto apelaron la cautelar que frenó la baja de servicios, pero no lograron suspenderla.
Al conceder el recurso “con efecto devolutivo”, el juez dispuso que la medida continúe vigente mientras la instancia superior la revisa. Es decir, hasta que la Cámara de Apelaciones no se pronuncie, el organismo no puede avanzar con el recorte.
El INTI había solicitado que la cautelar quedara suspendida durante la apelación, lo que en los hechos le habría permitido avanzar con la baja de servicios mientras la Cámara resolvía, pero el juez rechazó ese planteo.
Argumentó que suspender la protección justo mientras se discute el caso desvirtuaría el sentido del amparo, una herramienta pensada para restablecer derechos “sin demora”.
La apelación quedó radicada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá decidir si confirma o revoca el freno al recorte. Al cierre de esta nota, la Sala I de la Cámara aún no se había expedido.
