La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno de Javier Milei el pasado 20 de enero, bajo el argumento de supuestas irregularidades financieras y estructurales, sigue alimentando un clima de opacidad y tensión institucional en torno a una terminal clave del extremo sur argentino.
Una caja de 22.000 millones y el rol de la Agencia Nacional de Puertos
En ese marco, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedó al mando de una caja anual estimada en 22.000 millones de pesos, recursos que el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considera propios y reclama ahora en la Justicia federal.
La provincia sostiene que la Nación se apropió de un activo estratégico que forma parte de su soberanía económica, mientras el Ejecutivo central consolida el control administrativo y financiero del enclave marítimo.
“El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia”, analizó la periodista Felicitas Bonavitta al describir el impacto político y económico de la medida sobre Tierra del Fuego.
Ubicado de forma estratégica sobre el Canal de Beagle y a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas, el Puerto de Ushuaia es señalado como la puerta de ingreso fundamental a la Antártida y un paso bioceánico que recibe alrededor de 700 buques y 250.000 turistas por año, lo que refuerza su peso geopolítico y comercial.
Despidos, desalojos y un conflicto laboral abierto
Tras el desembarco del interventor Fernando Ariel Polici —cuestionado por sus antecedentes en el PAMI fueguino— y del director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, vinculado al grupo Mirgor, el conflicto se trasladó al plano social y laboral.
Actualmente, 140 trabajadores permanecen desplazados de sus puestos y aguardan una definición judicial que determine si podrán regresar a sus tareas en la terminal portuaria.
El cronista local Guillermo Worman, del Diario del Fin del Mundo, describió el operativo de toma del puerto. “La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy”, indicó.
Un operario afectado resumió la angustia del sector al relatar el accionar de las fuerzas de seguridad. “Me expulsaron como si fuera una basura”, denunció, en alusión al modo en que fue retirado de su puesto.
Contrataciones bajo sospecha y saltos presupuestarios
En paralelo, la intervención del Puerto de Ushuaia quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de servicios, con contratos que habrían registrado incrementos abruptos en muy poco tiempo.
Uno de los casos más llamativos es el del servicio de limpieza portuaria, que según la investigación pasó de 6,5 millones de pesos a 563 millones en apenas un semestre, un salto presupuestario que alimenta las denuncias por desvío de fondos y negocios millonarios.
El factor geopolítico y la sombra de Estados Unidos
La dimensión internacional del caso también encendió alarmas. Apenas seis días después de concretada la intervención federal, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia con una delegación de congresistas, hecho que reavivó las sospechas sobre eventuales acuerdos bilaterales en torno al control logístico del paso interoceánico.
En ese contexto, se mencionan negociaciones que podrían otorgar mayor injerencia norteamericana en la operatoria del puerto, aprovechando su ubicación estratégica como puerta de acceso a la Antártida y corredor bioceánico.
Negocios privados y la pelea legal de Tierra del Fuego
El foco también se posa sobre los intereses comerciales que rodean la centralización del Puerto de Ushuaia, con la aparición de proyectos vinculados a empresarios cercanos al poder central.
Entre los nombres que aparecen en el radar se mencionan a Nicolás Caputo y Gustavo Elías, señalados como potenciales beneficiarios de nuevos negocios asociados a la administración y explotación del enclave portuario.
Mientras tanto, el gobierno de Tierra del Fuego agota las vías legales para revertir lo que considera una usurpación administrativa de su principal activo logístico, en una pulseada que combina disputa de caja, soberanía provincial y un tablero geopolítico cada vez más complejo en el extremo sur del país.
