Inmigración en la Argentina: ¿sinónimo de más pobreza y delincuencia?
ESPECIAL.- Sería espléndido poder brindarles un abrazo solidario y ofrecerles puestos de trabajo a las comunidades de países vecinos que sufren limitaciones, pero eso es utópico. Pese a que la clase política compite por la defensa de “los que menos tienen”, en los últimos años la realidad nos muestra que la cantidad de excluidos del sistema social no sólo no disminuye, sino que va en aumento. Y ese incremento se hace más palpable en las villas de emergencia donde pululan inmigrantes.
Más allá de la difícil realidad de quienes viven en los asentamientos, lo dramático es el ritmo de crecimiento de estos en los últimos años, tanto en número como en cantidad de habitantes.
Son miles, miles y miles de personas las que viven en condiciones de miseria y hacinamiento en ésta bendita tierra, virtudes y defectos del Kirchnerismo al margen. Es una estadística que NO SE PUEDE DEBATIR pues tan aciaga REALIDAD proviene de décadas.
Lamentamos acentuar una idea… uno de los aspectos neurálgicos en cuanto a evitar que las villas sigan creciendo es CONTROLAR de modo estricto, en cada punto fronterizo, el ingreso HOY TAN SIMPLE de nuevos inmigrantes extranjeros y, obviamente, proceder a desactivar toda célula ilícita que ACTIVA lo ilegal.
Claro… Nos han dicho que hablar de esto es políticamente incorrecto pero… ¿qué político puede negar la existencia INDUDABLE de una marea incesante de extranjeros, muchos de los cuales terminan instalándose en las villas de emergencia, algunos viendo como irreversible ese ingreso y otros “seducidos” por quienes los van a esclavizar?
Pero amén de aquellos inmigrantes que solicitan formalmente su residencia en Migraciones, están aquellos que NO LO HACEN y nos animamos a concebir que también son decenas de miles y miles los indocumentados radicados con papeles apócrifos viviendo en medio de un quebrantamiento absoluto de las leyes migratorias.
Y es paradójico… si bien las condiciones de vida en las villas están marcadas por una cruda y cruel mezcolanza, la inseguridad y la miseria, los inmigrantes saben que a la corta o a la larga van a contar con educación escolar para sus hijos, atención médica, asistencia social, televisión satelital gratuita, agua y servicio eléctrico “sin cargo” por las “colgadas” cada vez más “naturales”.
La Ley de Migraciones de 2004, y sus innovaciones de 2010, son los instrumentos que están permitiendo el flujo legal de personas, el cual sería bienvenido si tuviéramos para ofrecerles a los que ingresan algo más que incorporarlos a bolsones de pobreza.
A nadie se le ocurre pensar en establecer impedimentos discriminatorios o segregacionistas contra los inmigrantes, ni establecer procedimientos de zonificación, pero tampoco tiene lógica facilitar activamente el ingreso de pobladores de dudosa cualificación que, muy probablemente, van a pasar a incrementar el porcentual de habitantes bajo la línea de pobreza.
Hay una significativa distancia entre las “puertas abiertas” a la inmigración, que se anuncian como política solidaria hacia los países vecinos, y la realidad con que esos inmigrantes se encuentran una vez adentro.
Abrir las puertas en forma plena e irrestricta no favorece a nadie. Y admitir la expansión de las villas es sólo postergar la solución, tanto para los argentinos que viven en ellas como para los miles de todo el mundo ya radicados allí.
El caso paradigmático es la Villa 31 en Buenos Aires. La cantidad de pobladores de la misma sigue creciendo a un ritmo estremecedor.
¿No sería más lógico frenar la expansión y concentrar los recursos en ayudar a los que ya están instalados? La falta de puestos de trabajo y la baja cualificación laboral de muchos de los nuevos inmigrantes los condenará a ingresar en talleres clandestinos que utilizan mano de obra esclava. Eso constituye una grave falta a las políticas que protegen los Derechos Humanos.
Hoy, el Estado en todas sus jurisdicciones, asegura el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, más allá de lógicos períodos de radicación tenidos en cuenta ante ciertos “Derechos” que se les adjudica.
Daría la sensación de no evaluarse el impacto de los flujos migratorios en lo inherente a pobreza, vulnerabilidad y marginación. Por lo cual, si queremos promover esa inclusión social, necesitamos con urgencia un plan para reconvertir las villas y urbanizar los asentamientos, como de modo fundamental, gestar una acérrima revolución productiva en pos que HAYA TRABAJO PARA TODOS Y TODAS, en especial para los nacidos y criados en NUESTRA Patria.
Pero es inevitable tener en cuenta que la actual política migratoria, lamentablemente, apunta en sentido inverso, ya que contribuye, quizás sin quererlo, al incremento del número de excluidos en nuestra sociedad.
La política inmigratoria argentina ha sido contradictoria desde el comienzo, pero sus consecuencias agravaron la situación en los últimos treinta años. En muchos países, la medicina no es gratuita y la educación tampoco. Aquí no se les cobra nada a extranjeros por estudiar en los centros universitarios u operarse en los hospitales públicos.
Sostenemos, una solución sólida pasa por endurecer al extremo las leyes para ingresar al territorio nacional. Mientras la Argentina continúe con su permisividad, la degradación de la sociedad y de las instituciones seguirá su camino inexorable.
La puerta abierta de manera irrestricta, como actitud, no es, ciertamente, una política. Es apenas una actitud. Quienes quieren habitar el suelo argentino deberían saber dónde pueden hacerlo con mayores posibilidades de obtener trabajo, de acceder a una vivienda digna y de contar con la educación y la sanidad adecuadas para los suyos sin que el único destino posible sea la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense o la periferia de las grandes ciudades del Interior, a menudo en condiciones de hacinamiento.
No menor resulta el impacto que sufre el sistema de salud en la atención de un cada vez mayor número de inmigrantes. Si bien muchos de ellos son residentes y se enferman en nuestro país, otros se desplazan para acceder a los beneficios de una atención de calidad a la cual no tienen acceso en sus países de origen. Diferentes estudios han demostrado que los hospitales públicos gastan una altísima cuota de su presupuesto para la atención de pacientes provenientes de países limítrofes.
La responsabilidad principal por las definiciones sobre el tema inmigratorio corresponde al Congreso de la Nación en estrecha cooperación con el Poder Ejecutivo luego de una discusión profunda y transparente sobre la cuestión en la que puedan participar las autoridades provinciales y la sociedad civil. O sea… Es un tema que exige un HONDO DEBATE NACIONAL no solo del Oficialismo u Oposición, sino requiere un PLEBISCITO PÚBLICO.
El ordenamiento constitucional argentino, inspirado en lo esencial y de modo muy particular en aquella materia por Juan Bautista Alberdi, tuvo la virtud de comprender lo que significaría la inmigración en un país donde, por entonces, estaba prácticamente todo por hacerse.
Alberdi sabía que era urgente la ocupación orgánica y no de cualquier manera, de un país cuya vastedad territorial se debatía a mediados del siglo XIX en la soledad, con amplias franjas de suelo soberano fuera del alcance de la ley nacional y de las jurisdicciones de las provincias. Sabía que en un contexto como ése gobernar era poblar, pero poblar de manera de introducir con cada inmigrante la semilla fértil de la civilización.
El problema de la inmigración no está en nuestra ley fundamental ni en el contenido de la ley promulgada en 2004, sino en la postura incoherente de nuestra clase política. La ilusión constitucional de que vengan extranjeros a “mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes” se ha convertido en una cruel burla del destino.
Del mismo modo, las críticas que se formulan a una inmigración desordenada, y muchas veces al margen de las estipulaciones legales, son calificadas de xenófobas por el populismo, que medra con las pobres criaturas que se atraen al país para terminar hacinándolas en caseríos inhumanos.
El Programa “Patria Grande”, con el cual el gobierno kirchnerista pregona los estímulos volcados en aras de la integración social regional, no hizo más que ir en dirección opuesta a la de los objetivos proclamados.
El país necesita más habitantes, pero en las zonas insuficientemente pobladas. Una inmigración que termina denigrándose en Buenos Aires, Rosario o Córboba, y en los cinturones que las rodean, sólo acentúa la miseria y crea las condiciones delictivas que hoy causan pavor en la población.
Urge sustraer del control de la política clientelista un asunto tan delicado como el de las migraciones, y suscitar entre los candidatos presidenciales definiciones rotundas sobre lo que se proponen realizar a fin de que ese movimiento masivo de personas constituya la fuerza civilizadora con la que Alberdi soñaba.
También debe manifestar el espíritu solidario con todos los pueblos que tuvieron presentes los constituyentes de 1853, no sólo para recibir a quien quisiera habitar el suelo argentino, sino para dotarlos de las condiciones y elementos que aseguren para todos una vida verdaderamente digna.
La Política Inmigratoria es una de las herramientas de gobierno más potentes a la hora de producir cambios profundos en una Comunidad. Mediante la inmigración, se puede inyectar en la población elementos dispuestos a integrarse al Pueblo y que, con su ansia de trabajo y su capacidad creativa, realicen aportes positivos que beneficien a toda la sociedad argentina en su conjunto.
Pero la Política Inmigratoria también puede ser una herramienta que en malas manos, puede utilizarse para degradar, someter.
Hoy en día la inmigración cumple un rol negativo para nuestra Comunidad. No apunta a la atracción e integración de aportes migratorios positivos, sino que es un factor de aumento de la delincuencia y la violencia, de ocupación ilegitima de hogares y terrenos, de servilismo social, educativa y sanitaria de barrios completos, de destrucción del trabajo argentino y del saqueo del sistema de ayuda social. No es una herramienta para el Pueblo, sino para el clientelismo político, los delincuentes y el narcotráfico.
Actualmente no se tiene en cuenta la capacidad de recepción de personas de nuestro país, no se tiene en cuenta el impacto en la economía que se produce al recibir grandes cantidades de inmigrantes. No se tiene en cuenta la identidad étnica de los argentinos y la capacidad y la voluntad de integración de los inmigrantes.
No se regula la inmigración según las necesidades reales de la Comunidad, ni se apunta a atraer a determinados inmigrantes discriminándolos de otros; daría la sensación que da lo mismo un ingeniero nuclear que un violador serial. No se tiene en cuenta al Pueblo Argentino, solo se tiene en cuenta los intereses de la Clase Política y de la clase históricamente beneficiada por ella: la clase de los delincuentes.
El ingreso de millones de marginales al país es visto a través de ciertos ojos de la Clase Política como el ingreso de potenciales millones de votos a futuro. No interesa que sean delincuentes, que establezcan industrias ilegales que destruyen la industria nacional, y que no puedan ni estén dispuestos a integrarse a la Comunidad.
Mucho menos interesa que se trate de millones de indigentes. De hecho, para ellos es mejor así: quien no tiene nada puede ser comprado por poco. Es así que con promesas de adquirir viviendas, terrenos y dinero gratis, ciertos segmentos de la Clase Política los atrae al país y los organiza a través de Punteros en asentamientos y villas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. De los argentinos pobres y desocupados, obviamente, ni se preocupan en la medida que deberían preocuparse y SOBRE TODO OCUPARSE.
Por otra parte, determinados personajes de la Clase Política suelen financiar sus campañas a través de los delincuentes manejados por los Punteros que administran las villas. La entrega masiva y gratuita de millones de DNI a inmigrantes ilegales -lo que les permite votar- es otro indicador de que lo único que buscaban ciertos políticos con este tipo de inmigración es beneficiarse a sí mismos.
A ellos no les interesa que ingresen trabajadores, ellos solo necesitan votos. Dentro del mundo delincuencial, otros grandes beneficiados son los explotadores esclavistas, que salvo pocas excepciones, pertenecen a las principales comunidades de inmigrantes extranjeros.
Estos criminales se manejan con sus propias redes delictuosas, en complicidad con la Clase Política, gendarmes de frontera, y policía.
La integración de extranjeros a nuestra Comunidad debe apuntar solo a quién esté dispuesto, y sea capaz, de realizar un aporte útil a nuestro Pueblo mediante su esfuerzo, su trabajo o sus conocimientos. La selección
del inmigrante debe realizarse según las necesidades de la economía local, y no según los problemas de las economías extranjeras. El objetivo de la Inmigración debe ser aportar a la Nación, no perjudicarla.
La inmigración delincuencial, de narcotraficantes o por interés clientelista debe ser abolida para siempre. No debe permitirse ingresar al país a personas con antecedentes criminales o con intenciones de enriquecerse a costa nuestra sin aportar nada a cambio.
Se debe apuntar a integrar al inmigrante a nuestra comunidad productiva: por eso solo se puede recibir el número de inmigrantes que logre soportar y necesite nuestra economía.
La inmigración no debe ser invasiva: debe enriquecernos, pero no reemplazarnos. Debe apuntarse a atraer a trabajadores afines a nuestra identidad étnica y cultural, fácilmente integrables a nuestro Pueblo.
Los inmigrantes ilegales, los que se dediquen a actividades delincuenciales, a la explotación esclavista o a la prostitución, o los mantenidos por el Trabajador Argentino a través de sus impuestos, deben ser deportados a sus países de origen.
También debe exigirse Juicio y Castigo para la Clase Política que lucra con la situación de estos inmigrantes, para sus Punteros, para los explotadores, y para todos los integrantes de las redes de corrupción que lucran con la inmigración negativa.
Propiciemos que la palabra “Inmigración” deje de ser una mala palabra. Luchemos por una política inmigratoria popular, basada en el espíritu del Trabajo, de la Identidad y de la Integración.