Inhabilitan a Marine Le Pen por 5 años y no podrá postularse a presidente de Francia en 2027
A Marine Le Pen se le acabó la carrera política. La Justicia francesa la condenó a 5 años de inelegibilidad para un cargo público, con ejecución inmediata y dos años de prisión en suspenso por malversación de fondos públicos. No podrá ser candidata presidencial en el 2027. El fallo no afectará su actual mandato de diputada, pero puede quedarse sin su banca si hay disolución de la Asamblea Nacional, que es altamente probable.
La líder de Reagrupación Nacional (RN) fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso, a arresto domiciliario electrónico, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inhabilitación, con ejecución provisional. Deberá llevar un brazalete electrónico. Eso significa que no irá a prisión.
El Tribunal de Paris condenó en la mañana de este lunes a la líder de RN, el partido heredado de su padre, Jean Marie Le Pen. Fue declarada culpable de malversación de fondos públicos, por la desviación de fondos del Parlamento Europeo para empleados ficticios.
La acusan del desvío de 474.000 euros, bajo un total de 2,9 millones de euros al Parlamento Europeo. Una enorme humillación para el partido de ultraderecha.
Los magistrados del Tribunal de París declararon que Le Pen y ocho responsables del ex Frente Nacional son culpables. La lectura de la sentencia duró dos horas y se inició a las 10 de la mañana, hora de París.
Con un saco azul y al lado de su exmarido Louis Aliot, Marine Le Pen esperaba la sentencia que iba a decidir su futuro político. Cuando escuchó que era inelegible, se retiró furiosa de la sala y no escuchó la sentencia de cuantos años. Tenía previsto hablar a los franceses a las ocho de la noche, este lunes, por televisión.
Su ex marido Louis Eliot fue condenado a tres años pero podrá seguir siendo alcalde de Perpignan.
Los doce asistentes juzgados junto a los eurodiputados también fueron declarados culpables de “recepción de bienes robados”. El Tribunal estimó que los daños totales ascendieron a 2,9 millones de euros, al hacer que el Parlamento Europeo “se hiciera cargo de personas que en realidad trabajaban para el partido de extrema derecha”.