Mientras decenas de personas se apostan ante las puertas de la Agencia Nacional de Discapacidad por la suspensión del pago, -sin previo aviso-, de su pensión por invalidez, habiéndose anulado 110.522 pensiones, más un fuerte ajuste en las prestaciones al sector y ‘motosierra’ de empleados, el presupuesto de la Andis aumentó en $2,3 billones, totalizando un aumento anual del 176%, cifra que supera la inflación acumulada del período (117%).
Lo paradojico es que, además la cuestionada Agencia fue beneficiada con jugosos refuerzos presupuestarios vía decretos: poco más de un billón de pesos en los últimos ocho meses. Esto representa un 30% de suba desde enero.
Más allá de toda polémica y dudas, es el organismo descentralizado con el presupuesto más alto del Estado. Con los últimos refuerzos totaliza $4,83 billones anuales. Una caja por demás suculenta que hoy está bajo investigación judicial desde que trascendieron los audios, atribuidos a Spagnuolo, en los que el exdirector advirtió sobre un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos.
Allí, se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y lugarteniente de Karina Milei. También aparece mencionada la droguería Suizo Argentina, la principal proveedora de medicamentos de alto costo para la Andis.
Tanto esta empresa –que el año pasado logró multiplicar de manera exponencial sus contratos con el Estado- como la agencia fueron allanadas la semana pasada por la Justicia.
El escándalo de los audios no solo puso sobre el tapete los manejos oscuros que habrían ocurrido puertas adentro de la Andis sino también, por contraste, el drama de quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez, ya sea porque se les suspendió el beneficio sin aviso previo o bien porque temen perderlo.
El vocero presidencial Manuel Adorni precisó que, hasta principios de este mes, se suspendieron 110.522 pensiones que, aseveró, “habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”. Indicó, además, que se dieron de baja otras 8107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión. Estimó que estas bajas redundarían en un ahorro para el Estado de unos $35.000 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, en su último informe sobre el gasto en seguridad social del primer semestre del año, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) da cuenta de estos recortes, pero señala que el gasto asociado al pago de pensiones se incrementó. “Tuvo un crecimiento del 5,2% interanual versus una reducción del 3,7% interanual en el total de beneficios, donde se destaca la baja del stock de pensiones por invalidez”, indica.
El monto de la pensión por invalidez laboral es del 70% de la jubilación mínima del sistema previsional -$200.074 mensuales- y, si bien se fue actualizando por el índice de movilidad, en los hechos perdieron frente a la inflación porque el bono de $70.000 que reciben todos los beneficiarios se mantiene congelado desde marzo de 2024.
También perdieron contra la inflación los aranceles que se pagan por todas las prestaciones para discapacidad que están fijados por el nomenclador de Prestaciones Básicas que fijan la Andis y el Ministerio de Salud. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el año pasado el aumento autorizado fue de un 60% (inferior a la inflación), mientras que en 2025 no hubo aumento alguno.
Junto a otras organizaciones no gubernamentales, ACIJ viene advirtiendo sobre los problemas en el proceso de auditorías que lleva adelante la Andis -junto con PAMI- para detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de las pensiones.
