Inaudita y vergonzosa actitud de Carlos Stornelli contra Miriam Lewin
En un insólito dictamen, el fiscal Carlos Stornelli dio curso a una denuncia de diputados de JxC y, sin producir pruebas, pidió la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por la decisión de crear un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales (Nodio). La acusación es por supuesta “censura previa” y ataque a la “libertad de expresión”, pero no detalla hechos ocurridos ni derechos afectados.
Stornelli, sólo se basa en la presentación, por parte de la Defensoría, de una línea de trabajo que busca mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática, sin controlar ni supervisar la tarea de prensa.
En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio.
El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que -aunque parezca una paradoja- atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella. Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las “noticias falsas, maliciosas y falacias”.
No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un “posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, “censura previa” y de ataque a la “libertad de expresión”.
La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.
De modo repudiable, Stornelli interpreta que existe “la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas poiíticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política”.
Además de pedir la indagatoria, sin antes tramitar ninguna prueba, el fiscal le requiere a la jueza que dicte una media cautelar para “impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos”.
En una conducta reprobable, el fiscal Stornelli se hace preguntas que le transmite a la jueza, en un apartado destinado a “consideraciones finales”, como estas: “Una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? ¿Será que algún o algunos trasnochados, nostálgicos del Medioevo, quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la del pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzanas? ¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso?”.
En medio de esa sucesión de interrogantes, Stornelli se pone a sí mismo de ejemplo y dice: “Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo”.
El fiscal, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D’Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos. Estuvo ocho meses en rebeldía sin presentarse a la declaración indagatoria. El juez incluso dijo que le correspondería prisión preventiva si no fuera porque tiene la protección de los fueros por su cargo.
En el marco de ese expediente se descubrió que Stornelli hizo espiar al ex marido de su actual pareja, el piloto Jorge Castañón; incluso hay conversaciones donde el fiscal y el falso abogado Marcelo D’Alessio planean plantarle droga y hacerlo detener. Dos semanas atrás, el fiscal quedó en el foco de atención de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que pidió los registros “técnicos” (filmaciones o grabaciones) de las declaraciones de los “arrepentidos” de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que dispone la ley, pero que en este expediente no existen. La fiscal que tiene a cargo encarar el juicio oral, Fabiana León, confirmó que solo hay “legajos” digitalizados. Casación debe decidir si toma una determinación que podría hacer tambalear el caso.
La denuncia contra Lewin que Stornelli tomó al pie de la letra fue presentada por los diputados del oficialismo Waldo Wolff –que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados–, Fernando Adolfo Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Enrique Sahad, Adriana Noemí Ruarte, Héctor Antonio Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Álvaro de Lamadrid y Jorge Ricardo Enríquez.