Imputan a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación, por un supuesto préstamo irregular a Vicentín

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó y pidió abrir una investigación al ex titular del Banco de la Nación Argentina Javier González Fraga​ y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, en una denuncia por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a esa empresa.

 

La compañía cerealera, la principal aportante de dinero en la campaña presidencia de Mauricio Macri, atraviesa una grave crisis económica, a tal punto que días atrás solicitó la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista.

 

El caso, relató el fiscal en su dictamen, se inició a raíz de la denuncia efectuada el pasado 27 de enero por Fernando Miguez, Presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien manifestó que a raíz del “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín” del 16 de enero de 2020 elaborado por el Licenciado Claudio Lozano, quien en su carácter de director del Banco de la Nación Argentina, analizó la situación económica de la firma VICENTÍN S.A y los préstamos otorgados por la anterior gestión del BNA, cuando aquella anunciara públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.

 

La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma VICENTÍN S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.

 

Del reporte de situación y de la información pública de la compañía —cuyos responsables serían Alberto Padoan y Gustavo Nardelli— “surge que la referida empresa es la principal firma del grupo empresario que lleva su nombre, que se aboca esencialmente al rubro de los cereales y oleaginosas, pero que tiene inversiones en distintas actividades como la producción de biodisel, algodón, ganadería, hilandería, etc., ubicándose entre las primeras empresas del país como consecuencia de un notable crecimiento que habría verificado entre los años 2015 y 2018”.

 

La situación continuó. En el período referido “VICENTIN S.A. tuvo un considerable crecimiento aumentando notablemente sus ventas, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking en el año 2015, al sexto puesto general y primero en su actividad en el 2018, al mismo tiempo que verificó un aumento en sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el BNA”.

 

Asimismo, se planteó que el proceso de endeudamiento que fue acumulando VICENTIN S.A. con el BNA —conducido por Javier González Fraga— imputado por Pollicita, “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente, lo cual habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición “Juntos por el Cambio”, que la ubican como la principal contribuyente”.

 

Entre otros aspectos, indica el dictamen al que accedió Clarín, que según se desprende del reporte bajo estudio, la firma VICENTIN S.A. “contando con una deuda millonaria y en forma prácticamente simultánea a la elección de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias —PASO—, comenzó a incumplir con los pagos al BNA, poco tiempo después anunció que se encuentra en una situación de ‘estrés financiero’, y finalmente, como resulta de público conocimiento el pasado 10 de febrero solicitar la apertura de su concurso preventivo”.

Este es el escenario que el fiscal Pollicita busca clarificar con una batería de medidas, entre ellas, la testimonial a Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, y se requiera que, de existir, “se presente munido de todas las actuaciones administrativas que han sido labradas en el organismo a su cargo vinculadas a las irregularidades advertidas en el otorgamiento de préstamos a la empresa VICENTÍN S.A”.

 

También se solicitó ante el juez Julián Ercolini que se requiera al Banco Nación la remisión de copias certificadas de los expedientes a través de los cuales tramitaron los préstamos solicitados por parte de la firma VICENTIN S.A. y del legajo del referido cliente, desde el año 2015 a la actualidad.

 

Por otro lado, que se encomiende a la entidad que elabore un informe en el cual indique el monto de la deuda que tiene la firma VICENTÍN S.A. con la institución; cómo se compone la deuda ; fecha de otorgamiento de cada préstamo, cuotas canceladas, cuotas vencidas y no abonadas, saldo restante, garantías entregadas por la empresa, tasa de interés, etc, entre otros aspectos.

 

Pollicita aclaró en su resolución que ello se resuelve “sin perjuicio de la responsabilidad penal que eventualmente les pueda corresponder a otros funcionarios y empleados del Banco Nación, funcionarios de distintos organismos del Estado Nacional e integrantes del grupo Vicentín”.

 

En diciembre, la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país, informó que había iniciado un proceso de reestructuración de pagos.

 

Hace algunos días, cuando el tema fue tomando repercusión pública, la empresa emitió un comunicado en el que negó haber sido beneficiada por el gobierno de Mauricio Macri. “Nuestra deuda no fugó del país, sino que está invertida en bienes productivos”, afirmó la compañía.

 

Además del Nación, hay un grupo de bancos internacionales, entre los que están la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial) y Natixis y Rabobank, que también buscan cobrar sus préstamos a Vicentín. Para negociar, estas entidades contratarán a la consultora Columbus Zuma como asesor financiero, según publicó la agencia Bloomberg.