El debate por la coparticipación del impuesto a los combustibles vuelve a poner números sobre la mesa: Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe $67.704 millones, Córdoba $67.266 millones y Entre Ríos $36.989 millones entre enero y julio, si el 35,44% de ese tributo se hubiera distribuido con los coeficientes de la coparticipación federal.
Según ese ejercicio, ese sería el resultado de calcular cuánto dinero adicional habría llegado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre enero y julio, si los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos se repartían como el resto de los fondos coparticipables.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación. Actualmente, el impuesto a los combustibles líquidos se destina a fondos fiduciarios de infraestructura y a la compensación del transporte público, sin pasar por el esquema clásico de coparticipación.
El cálculo de Galois y el impacto fiscal
El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio, sobre la cual se hace el recorte para simular el reparto.
En ese esquema, luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% del impuesto equivale a $1.334.735 millones. De ese total, $784.290 millones irían a las 24 jurisdicciones y el resto quedaría como componente nacional del esquema, bajo el régimen de coparticipación.
En ese marco, el informe señala que si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones, mientras que la porción restante seguiría en manos de la Nación como parte de su participación en el impuesto.
Correa Becker explicó el sentido del trabajo: “El ejercicio permite dimensionar, de manera acotada, el planteo que los gobernadores no consiguieron convertir en ley, como es transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias”, advirtió.
Y aclaró que “no reproduce exactamente el proyecto de ley del año pasado de los gobernadores, ya que contemplaba una masa mayor y un criterio de reparto diferente”, al marcar las diferencias con aquella iniciativa que naufragó en el Congreso.
Cómo se habría repartido provincia por provincia
En el listado de reparto elaborado, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparecen Chaco, con $37.792 millones; Entre Ríos, con $36.989 millones; Tucumán, con $36.041 millones; Mendoza, con $31.590 millones; y Santiago del Estero, con $31.298 millones.
Luego se ubican Salta, con $29.037 millones; Corrientes, con $28.161 millones; Formosa, con $27.578 millones; San Juan, con $25.608 millones; y Misiones, con $25.024 millones, siempre bajo el mismo criterio de coparticipación aplicado al 35,44% del impuesto.
En el siguiente grupo aparecen Jujuy, con $21.522 millones; Catamarca, con $20.866 millones; Río Negro, con $19.115 millones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con $18.686 millones; San Luis, con $17.291 millones; y La Rioja, con $15.686 millones.
Cierran la lista La Pampa, con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones, siempre en el escenario hipotético de coparticipación plena de ese porcentaje del tributo.
El 35,44% y la pelea por los fondos fiduciarios
El 35,44% que Galois utiliza para el ejercicio no es una cifra arbitraria. Surge de sumar tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la compensación al transporte público, que hoy se manejan por fuera de la coparticipación.
El resto del impuesto se distribuye entre el Tesoro Nacional, el Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social. Es justamente en torno a esos fondos específicos donde se reabrió la pelea entre la Nación y los gobernadores, que reclaman mayor participación.
En ese contexto, un informe periodístico puso el foco en el SisVial, el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y precisó que al cierre de mayo más de $1 billón de esos recursos estaban colocados en inversiones financieras, lejos de las obras para las que fueron creados.
Son fondos administrados por el Ministerio de Economía y el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal, al reconocer que forman parte del andamiaje contable con el que se sostiene la meta de superávit.
La particularidad de este debate es que, mientras la Nación usa para inversiones financieras recursos asociados a la infraestructura, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y por la necesidad de que el Estado vuelva a invertir en mantenimiento y obras, en un contexto de fuerte ajuste de la obra pública.
El antecedente legislativo que quedó a un paso
El antecedente directo está en aquel proyecto de ley de 2025, cuando los mandatarios provinciales impulsaron una reforma para eliminar los distintos fondos y asignaciones específicas y elevar a 57,02% la participación provincial en el impuesto a los combustibles, buscando consolidar por ley lo que hoy reclaman por la vía política.
La propuesta establecía que 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales y 75% mediante los coeficientes de la Ley 23.548, es decir, replicando el esquema clásico de coparticipación para el grueso de los recursos.
El Senado la aprobó por 56 votos contra 1, pero en Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, precisó como necesaria por tratarse de una reforma de la coparticipación, y el proyecto terminó cayendo.
