El mercado europeo de biodiésel de soja, el único destino de exportación que hoy tiene la Argentina, volvió a encender todas las alarmas tras una decisión de la Comisión Europea que, bajo argumentos ambientales, podría cerrar de manera definitiva el acceso del país a ese mercado.
Según un documento oficial publicado por la Comisión Europea, se modificaron los criterios vinculados al riesgo de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo), a partir de una revisión sobre la expansión global de los cultivos utilizados para la producción de biodiésel. Como resultado de ese estudio —que estuvo en consulta pública durante algunas semanas—, la soja fue incorporada por primera vez a la categoría de “alto riesgo ILUC”, quedando equiparada al aceite de palma.
La consecuencia es directa y de alto impacto: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja con destino energético, habilitando únicamente el uso de aceite de colza, producido dentro del propio bloque. De aprobarse esta normativa durante 2026, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían excluidas del mercado europeo.
Para la Argentina, el efecto sería crítico. Se estima un perjuicio comercial de unos 350 millones de dólares anuales, además del riesgo concreto de paralización de la industria del biodiésel, ya que Europa es actualmente el único mercado externo relevante para este producto.
Desde el sector advierten que la medida no tiene sustento técnico. El presidente de la Cámara Argentina de Aceites de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, fue contundente: “La medida europea es una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia y dejarnos afuera del único mercado”.
Idígoras remarcó que la superficie sembrada de soja en Argentina no crece desde hace más de una década, sino que incluso viene en descenso, y que no existe pérdida de carbono en el suelo. Sin embargo, señaló que el debate no es científico sino político, al entender que la Unión Europea busca proteger a sus propias industrias y, al mismo tiempo, compensar tensiones internas vinculadas al acuerdo Mercosur-UE cerrando el ingreso de productos altamente competitivos.
Ante este escenario, el sector privado ya activó gestiones con el Gobierno nacional. CIARA confirmó que mantiene conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para definir una estrategia de defensa que podría incluir un reclamo formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una denuncia dentro del acuerdo birregional firmado en diciembre pasado.
Mientras tanto, la decisión europea vuelve a poner en evidencia el impacto que una regulación externa puede tener sobre una industria estratégica para la Argentina, en un contexto de alta dependencia exportadora y escaso margen para redireccionar mercados.
