IAPSER advierte por el aumento récord de juicios laborales y reclama una reforma urgente del Sistema de Riesgos del Trabajo

El Sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa uno de sus momentos más críticos. En los últimos doce meses se acumularon casi 132.000 nuevas demandas, un récord histórico que amenaza la sustentabilidad del esquema, aun cuando los accidentes laborales siguen disminuyendo. Para las aseguradoras, la situación es alarmante y exige medidas inmediatas.

Desde IAPSER, junto con otras compañías del sector, advierten que el escenario requiere una intervención urgente. Entre las propuestas centrales señalan como imprescindible la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias adheridas a la Ley de Riesgos del Trabajo, con peritos concursados, honorarios desvinculados de los montos de sentencia y aplicación estricta del Baremo de Ley.

“El sistema, cuando funciona como fue diseñado, es virtuoso: previene accidentes, salva vidas, acompaña al trabajador y repara el daño cuando ocurre. Pero estamos frente a un crecimiento desmedido e irrazonable de los juicios, totalmente alejado de la realidad siniestral”, afirmó Lisandro Rodríguez Signes, gerente de IAPSER ART. Según precisó, el 90% de los casos se resuelve satisfactoriamente en sede administrativa, con prestaciones médicas completas, pago de ILT, indemnizaciones y cobertura familiar en casos de fallecimiento.

Ese funcionamiento contrasta con la escalada judicial. La litigiosidad creció 5,1% respecto de 2024, con un promedio superior a 11.000 causas mensuales. Buenos Aires concentra el 39% de las demandas; la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 8%; Santa Fe creció 26%; Chubut encabeza con un 44% y Entre Ríos ya acumula un 20% anual.

Un punto crítico es la brecha entre las determinaciones de las Comisiones Médicas y los fallos judiciales. Mientras en el sistema administrativo la incapacidad promedio es del 1,9%, con indemnizaciones cercanas a $3,2 millones, en sede judicial la incapacidad se eleva al 13,1%, llevando los montos a $27,7 millones. “No podemos permitir que se destruya un sistema que protege a más de 10 millones de trabajadores. Necesitamos reglas claras y pericias serias”, subrayó Rodríguez Signes.

El gerente añadió un dato contundente: “9 de cada 10 casos que llegan a la justicia son expedientes donde la Comisión Médica no detectó incapacidad o determinó que la patología no era laboral, y aun así la justicia termina otorgando incapacidad en 9 de cada 10 sentencias”. Para la aseguradora, esta situación carece de sustento técnico y profundiza el desequilibrio.

Impacto directo en empresas y empleo

La litigiosidad creciente repercute en la economía real. El aumento de los costos judiciales presiona los gastos operativos de las aseguradoras y, en consecuencia, incrementa las alícuotas que pagan las empresas.

En el caso de IAPSER, la carga judicial ya representa el 52% del costo operativo, algo que Rodríguez Signes calificó como “insostenible”. Aunque la alícuota promedio se ubica en 2,8% de la masa salarial, las proyecciones técnicas indican que debería subir a 5,15% si el escenario se mantiene, afectando particularmente a PyMEs, industrias y comercios.

“Este incremento del costo laboral afecta directamente a la contratación, desincentiva la actividad y pone en riesgo miles de empleos”, aseguró el gerente. Para IAPSER, la sostenibilidad del sistema impacta en toda la economía: “Sin prevención no hay seguridad, pero sin un esquema judicial equilibrado, tampoco hay sistema que resista”.

Rodríguez Signes insistió en la necesidad de decisiones políticas y judiciales: “La solución requiere voluntad para implementar los Cuerpos Médicos Forenses con peritos concursados, honorarios desacoplados y respeto irrestricto al Baremo de Ley”, sostuvo.

Comparación internacional y asimetrías

La desigualdad también aparece en los resultados judiciales. Mientras en España las aseguradoras obtienen sentencias favorables en 72% de los casos, en Argentina ese porcentaje cae al 12%, pese a que el sistema local cubre el 100% del salario, indemniza todas las incapacidades y contempla contingencias ausentes en otros países.