Hubo operativos en oficinas de Aranguren por la compra de gas a Chile
La Policía Federal llevó a cabo tres operativos de requerimiento de información en las oficinas el ministro de Energía, Juan José Aranguren, YPF y la Oficina Anticorrupción –que conduce Laura Alonso– en una investigación por la presunta compra irregular de gas a Chile, que benefició a Shell, la empresa de la que el funcionario es accionista.
Efectivos de la Policía Federal se presentaron en oficinas para exigir la presentación de documentos requeridos por la Justicia. Fuentes judiciales informaron que si bien al principio hubo “cierta reticencia” a entregar la información, cuando los responsables fueron advertidos de que los lugares podrían ser allanados, se comprometieron a otorgar los datos pedidos.
El fiscal federal Carlos Stornelli había imputado por el aumento de tarifas de gas sin haber realizado la audiencia pública previa que exige la ley, y por ser uno de los “beneficiados” por esa medida a raíz de que figura como accionista de la petrolera Shell, de la cual fue presidente hasta el año pasado.
Aranguren también está imputado por decidir importar gas por el puerto de Chile en lugar de los lugares que ya estaban en uso, como el gasoducto de Bolivia –que es un 128% más barato, según denunció públicamente Félix Herrero, ex presidente de las hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande–, lo que benefició a la mayor proveedora de gas del país trasandino, British Gas (BG), que el año pasado fue adquirida por Shell.
Por ello, el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, ordenó que se requiera toda la información obrante tanto en el Ministerio de Energía (Paseo Colón 181) como en la torre de YPF en Puerto Madero.
Los diputados nacionales kirchneristas Martín Doñate (Río Negro) y Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) radicaron una denuncia penal contra Aranguren por entender que se vio directamente beneficiado con el aumento de gas, al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell SA.
La denuncia de los diputados del Frente para la Victoria tiene como antecedente una presentación que hicieron el mes pasado esgrimiendo la incompatibilidad de Aranguren para el ejercicio del cargo de ministro. Esa presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de la macrista Laura Alonso no obtuvo ninguna respuesta alguna, lo que fue considerado por Doñate como “una vulneración flagrante de la ley de ética pública”.
Por eso, los diputados decidieron realizar la denuncia penal ante un “oscuro negocio” en la compra de gas a Chile en forma directa y que paga tarifas mucho más caras que las que se venían abonando a Bolivia, desde donde desmintieron la imposibilidad de exportar gas que alegó Aranguren.