¿Hizo la vista gorda? La titular de la Oficina Anticorrupción cuestionada por contratación irregular

Son varios los delitos que podría haber cometido Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Incompatibilidad de deberes de funcionario público, ocultamiento y complicidad en la comisión de delito son algunos de ellos. Quizá la Justicia actúe e investigue. Por lo pronto, lo que hay es un trabajo periodístico que desnudó el trabajo de la funcionaria en ese comité del oficialismo que es su oficina.

 

Unos 990 mil pesos al año es lo que el Estado nacional firmó que le pagaría a la consultora Consuasor para que realizara tareas de comunicación estratégica que incluyen, según el convenio, prensa y manejo de redes sociales.

 

Así lo indica en un informe el periodista Sebastián Lacunza para el portal Letrap, que estipula que esas tareas se realizaron durante 2017 y al menos parte de este 2018 aunque sin que esa labor figure en ningún registro de la Oficina Anticorrupción.

 

Según la investigación, el contrato se dividió en dos para disminuir la cifra, por lo que se dividió entre los dos dueños de la consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, quienes facturaban 44 mil y 38.500 respectivamente cada mes.

 

La situación se volvió más explícitamente irregular cuando a principios de este año y tras un adelanto en el diario Página 12, la OA dio de baja los contratos suscriptos y la consultora dio de baja su página web y “se evaporó de la vida pública”, según el periodista.

 

Asimismo, el dueto Sosa Liprandi-Giúdice (amigos desde sus días de estudiantes en la UCA) habrían sido beneficiados también con contratos en otras reparticiones del Estado a través de los ministerios de Justicia, Trabajo, Medio Ambiente, Defensa y hasta el gobierno de Salta. También con el senador Federico Pinedo.

 

Un dato no menor es que Consuasor como SRL se fundó el 28 de diciembre de 2015, apenas 18 días después de la asunción de Macri al poder. En ese mismo mes comenzaron a entrar los contratos con el Estado nacional. La firma ya existía como consultora pero no bajo el paragüas legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es lo que le permitió las múltiples contrataciones con la Casa Rosada.

 

Según la nota periodística, Alonso intentó tapar sus arreglos con Consuasor a través de una resolución de la vapuleada Oficina Anticorrupción que consistió en negar información sobre las contrataciones porque eso implicaría afectar “la protección de datos personales”.

 

Además de la extraña situación contractual y ls argucias de Alonso para retacear información, el dato oscuro es que Consuasor se presentaba bajo el lema: “gestionamos los intereses de nuestros clientes ante gobiernos”. Es decir, gestionaban intereses de empresas frente a un Gobierno para el que trabajaban.

 

El informe señala también que al menos hasta enero pasado Sosa Liprandi cobraba mensualmente 40 mil pesos de parte de Jorge Triaca, entre 50 y 70 mil pesos de la oficina de Federico Pinedo, 40 mil de la OA y 30 mil pesos de parte del gobierno de Salta. También le llegaba dinero desde la secretaría de Medio Ambiente. En total no menos de 160 mil pesos por mes de parte del Estado.

 

Por su parte, Giúdice facturaba de Anticorrupción 38.500 pesos al mes y 45 mil de la jefatura de Gabinete a través de un convenio con la UBA.