El Gobierno anunció este jueves la adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y presentó el cierre del proceso como un “éxito”, pese a un documento reservado que expone graves irregularidades y presunto direccionamiento en la licitación de una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior argentino.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC y adjudicó el contrato al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que, según el Poder Ejecutivo, presentó la mejor oferta.
Un informe reservado cuestiona el pliego y el sistema de evaluación
La decisión se conoce en medio de fuertes cuestionamientos al proceso licitatorio. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales advirtió sobre posibles irregularidades en el pliego, entre ellas un presunto direccionamiento a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador, una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas y sospechas de costos inflados en el esquema de dragado y balizamiento.
Entre los puntos más sensibles, el informe señaló que el sistema de evaluación habría favorecido a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores, mientras que también cuestionó el costo de u$s 10 millones exigido para presentar impugnaciones.
Además, el documento apuntó contra la fórmula del “precio mínimo”, al considerar que pudo haber limitado la competencia real y derivar en un contrato con sobrecostos durante la concesión.
La defensa oficial: baja de costos y “nueva era” de inversión privada
La administración de Javier Milei sostuvo que la privatización permitirá abrir “una nueva era de inversión privada” en la vía navegable por la que circula cerca del 80% del comercio exterior del país. En esa línea, señaló que el Estado conservará el rol de autoridad de control, aunque sin intervención directa en la gestión.
En el comunicado, Economía aseguró que el cierre del proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes y afirmó que esa situación convalidó los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación pública.
Además, el Gobierno indicó que la firma del contrato, prevista para un plazo máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y dará inicio a obras de profundización, incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y medidas destinadas al combate del narcotráfico.
Según el texto oficial, las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, lo que generaría un mayor ahorro, una expansión de la frontera productiva y una mejora en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos.
Apoyos empresariales y respaldo de provincias del Litoral
El Ministerio de Economía también destacó que el proceso contó con respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.
A su vez, el comunicado señaló que gobiernos provinciales como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones manifestaron satisfacción por la conclusión de la licitación, al considerar que se mantuvieron criterios de transparencia pública y estándares técnicos auditados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
