¿Hay un “boicot” contra los medicamentos genéricos?
El Gobierno dio marcha para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo que depende del ministro de Economía, Axel Kicillof, y la ANMAT, a cargo del ministro de Salud, Juan Manzur, tomen cartas en una presunta “cartelización del mercado de los medicamentos”, que hace que los laboratorios fijen los precios sin competencia. Afecta a todas las elaboradoras de remedios agrupadas en CILFA, que representa a las nacionales, CAEME que concentra a las extranjeras y Cooperala que nuclea a algunas nacionales y cooperativas.
La CNDF les ha comunicado a los laboratorios medicinales que deben informar qué productos se elaboran en sus plantas; cuáles son de patentes propias, cuáles pagan regalías o royalties; si producen para otros laboratorios; cuál es la participación que tiene en el mercado; cuáles son los costos de comercialización; cómo se componen los costos de distribución; cómo está determinada la estructura de costos de cada medicamento y la incidencia de los insumos necesarios para fabricarlo; y si hay participaciones accionarias cruzadas en las distintas sociedades dueñas de los laboratorios.
Pero por otra parte, la ANMAT ha comenzado a investigar el virtual fracaso de la llamada comúnmente Ley de Genéricos. En realidad se trata de la Ley de Especialidades Medicinales o Ley 25.649 de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico, la cual fue sancionada el 28 de agosto de 2002 y promulgada el 18 de septiembre del 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde.
La Ley de Genéricos consta de 8 artículos entre los que se destacan el primero, que dice que “la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas y su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana”; y el segundo: “Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/ unidad, con detalle del grado de concentración”.
También la norma especifica que “la receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial”, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.
Y agrega que “el farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades farmacéuticas, como así también para su sustitución y en este último caso deberá suscribir la autorización de sustitución en la prescripción”.
Perjuicio para el bolsillo de los consumidores
Desde el Gobierno se responsabiliza a los laboratorios nacionales por boicotear esa ley que le hubiese permitido a los ciudadanos argentinos, en particular a los jubilados que atiende el PAMI, poder comprar medicamentos más baratos que los de marca que producen los laboratorios, en particular los de origen nacional.
La promesa de Kicillof
En conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía el 16 de junio pasado, Axel Kicillof manifestó que “vamos a hacer cumplir con todo el rigor de la ley esta normativa sobre los nombres genéricos de los medicamentos, así podrá ser el consumidor el que elija el que más le conviene y al que pueda acceder según su bolsillo, porque lo que no podemos permitir es que se publicite un medicamento en una receta médica”.
Kicillof hizo de ese modo referencia a lo dispuesto por la Ley 25.649, que establece que los médicos tienen que prescribir los fármacos por su nombre genérico a través de lo que se denomina el principio reactivo.
Funcionarios de la cartera económica destacan que “esta ley se tendría que cumplir a rajatabla, pero lo que ocurre es que por el gran lobby de los laboratorios medicinales, en particular los nacionales, los médicos pueden recetar el genérico pero también agregar en la receta el nombre comercial, con lo que la ley 25.649 ha quedado casi herida de muerte”.
Potestad de los médicos
A esto también se suman muchas obras sociales que de esa forma no permiten que los precios de los medicamentos bajen de precio en la Argentina, a través de una mayor penetración de los genéricos, porque con el concepto de la prestación verían disminuido su ingreso, afirman fuentes cercanas al Gobierno.
Competencia desleal y uso de créditos blandos
Lo grave del caso es que muchos de los laboratorios y droguerías son dueños de algunas cadenas de farmacias que tratan de no vender los genéricos al público y realizan una suerte de competencia desleal en el mercado.
A esto se agrega el enojo del Gobierno por la suba de precios instrumentada por algunos dueños de laboratorios nacionales que habrían conseguido importantes sumas de dinero por medio de Préstamos del Bicentenario pagando una tasa fija del 9,5 % anual frente a una tasa del 40% que deberían pagar en un banco privado. Fuentes oficiales indicaron que hay un estado de malestar con tres laboratorios nacionales como Elea, Bagó y Roemmers que tomaron esos créditos blandos.
Malestar con laboratorios nacionales
Elea es la cuarta empresa de mayor facturación del sector, según la información que difundió a través de su cuenta de Twitter la presidente Cristina Kirchner, y es propiedad de la familia Sielecki, en asociación con Hugo Sigman y su cuñado Luis Alberto Gold, quienes al mismo tiempo son accionistas de Biogénesis-Bagó; mientras que Bagó es la segunda compañía del rubro.
El último miércoles, a través de una serie de tuits, Cristina Kirchner defendió la anulación de las subas de los medicamentos realizadas por una gran cantidad de laboratorios en mayo, como adelantó Infobae el pasado fin de semana.
Además, la Presidente defendió la Resolución 90 de la Secretaría de Comercio, publicada el lunes en el Boletín Oficial, la cual le ordenó a los laboratorios retrotraer sus precios al 7 de mayo y dejarlos fijos por sesenta días más. En ese aspecto la primera mandataria destacó que “entre el 13 y el 26 de mayo, 39 de los 45 laboratorios más importantes del país registraron subas similares y simultáneas y no es lo mismo que te aumente el remedio, que te hace vivir o curar a vos o a un ser querido, que otros bienes que podés reemplazar”.
Además, Cristina Kirchner sugirió que existió una cartelización del sector: “¿Libre competencia o maniobra formadora de precios?”; a lo que agregó: “Los aumentos de precios de medicamentos de las últimas semanas no estuvieron justificados por el alza de los costos en la cadena productiva y violan los acuerdos”. Estos fueron de palabra y por una gestión del secretario de Comercio, Augusto Costa.
La sugerencia presidencial
El último tuit de la Presidente fue lapidario: “Si los laboratorios no retrotraen precios, se aplicarán sanciones”. Y lo hizo en respuesta a que las cámaras que agrupan a los principales laboratorios que le hicieron saber al Gobierno a través de una solicitada que irán a la Justicia para frenar la medida por la utilización de medidas cautelares que frenen la decisión de Comercio.
Los laboratorios dicen que acudirán a la Justicia porque califican a la Resolución 90 como una medida totalmente ilegal. Pero el Gobierno se prepara para dar la “madre de todas la batallas” frente a una industria que en los últimos años se ha favorecido con el crecimiento económico y los aumentos de los precios de los medicamentos.
Cabe destacar que esa norma no sólo obliga a los laboratorios nucleados en CILFA, CAEME y Cooperala a retrotraer los precios de los medicamentos, sino que también les otorga un plazo de 10 días hábiles para que, presenten un informe detallado de los precios de todos sus productos desde el 1° de abril hasta ayer. Pero, además, establece que los laboratorios están obligados a continuar con su producción, comercialización, y distribución dentro de los niveles necesarios para el abastecimiento del mercado farmacéutico de la Argentina, además del volumen habitual de fabricación y distribución.