Guillermo Francos en el Congreso: “No hay ninguna intención del Gobierno de limitar el acceso a la información pública”
Tras abundantes pedidos de la oposición a que se derogue el decreto reglamentario 780/24 de la Ley 27.275, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó ante los diputados que “no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”.
Durante su exposición, el funcionario aseveró este miércoles que “no fue la intención del presidente y el Gobierno nacional limitar el acceso a la información”, y argumentó que el decreto salió luego de “consultas a los actores de la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Procuración del Tesoro”.
“No nos pareció que hubiera una violación a ese derecho constitucional”, agregó y dijo que recogía las inquietudes de los legisladores “y se las voy a transmitir al presidente”. “Veremos si tenemos necesidad, no sé si de derogarlo (al decreto), porque la intención ha sido tratar de ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringir”, justificó.
Francos reconoció que “puede haber una diferenciación de criterios en la interpretación de la buena fe”, pero éste principio “tiene que ser para todos, también para los particulares”. “El Gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino en la contraria. Por eso estableció que la buena fe debía ser de las dos partes”, planteó.
Respecto de la restricción sobre “papeles de trabajo previos”, el ministro coordinador respondió que “puede ser discutible, pero tampoco es la intención limitarlos, son borradores que por ahí no se guarda esa información”.
“De ninguna forma la intención es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos”, insistió al defender la medida y anticipó: “Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”.
“Sabemos que es un principio constitucional, que está en los tratados internacionales, que está dentro de los principios rectores de la OCDE, de modo tal que no tenemos absolutamente ningún reparo en dar la información”, completó.
El jefe de Gabinete evitó profundizar las cuestiones sobre Santiago Caputo
Francos salteó los detalles vinculados al asesor presidencial ante la insistencia de diputados de la oposición en la sesión informativa en la Cámara Baja. La remuneración mensual y las actividades a su cargo presentadas en el informe.
Desde la Coalición Cívica, el jefe de bloque Juan Manuel López, y también el socialista Esteban Paulon le consultaron respecto al rol que tiene Santiago Caputo dentro del Gobierno nacional, su remuneración y sus actividades como asesor presidencial. Brevemente, el funcionario contestó: “Me remito a lo que ya fue respondido en la pregunta 1.708 del informe”.
En efecto, la respuesta había sido respondida en el informe que se difundió este martes en la antesala de la sesión informativa. Sin embargo, Francos optó por no profundizar la cuestión a pesar de haberlo hecho en otras cuestiones que también habían sido contempladas en las respuestas presentadas por escrito.
En primer lugar, aclaró que “la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (a cargo de Karina Milei) informa que Santiago Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaría General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de CONSULTOR II”.
Del mismo modo, señala que tiene “una remuneración equivalente a 3750 URS”. A la fecha, la Unidad Retributiva de Servicios está fijada en 683,55 pesos, por lo que el asesor cobra 2.563.312,50 pesos.
Con relación a sus actividades, en el informe enumeraron que “consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados”.
Y también “armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; y asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”.