Gremios del PAMI denuncian el despido de 256 trabajadores por “cuestiones políticas”
Trabajadores del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) denunciaron que la gestión de Luana Volnovich avanza en despidos masivos fundados en “cuestiones políticas”, en tanto aseguran que la mayoría de los desplazamientos remite a empleados que fueron incorporados entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Llevamos 256 despidos al día de la fecha. No importa quién es la persona ni qué hace, lo que importa es su fecha de ingreso. La mayoría de los legajos de los despedidos corresponde a gente que entró a planta permanente entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri”, dijo Federico Luqui, secretario adjunto de UTI -un gremio nucleado a la Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a trabajadores del PAMI-.
Fuentes cercanas a Volnovich, una funcionaria que integra La Cámpora, reconocieron que “los despidos son reales”, pero indicaron que los desplazamientos alcanzaron exclusivamente a funcionarios de alto rango. Luqui, en cambio, sostuvo que las últimas tandas de despidos incluyeron, en su mayoría, a personal administrativo: “Echaron a trabajadores sociales y enfermeros, que son muy necesarios para el PAMI; incluso, a embarazadas, a pesar de que la ley no lo permita”. Además, el secretario de UTI denunció que el gremio no tiene contacto con las autoridades del PAMI. “Esta gestión es intransigente. No dialoga, sólo trata de imponerse”, indicó.
En este contexto, entre los trabajadores del ente público no estatal predomina la incertidumbre de no saber quién será el próximo en la lista de despidos. Según advirtió Luqui, se esperan, al menos, “600 despidos más de planta permanente” y la no renovación de muchos de los contratos de locación de servicio, que vencen este diciembre. “En paralelo a los despidos, el organismo se está agrandando. Esta gestión lleva contratadas alrededor de 1000 personas por locación de servicio”, agregó.
Por su parte, voceros del PAMI dijeron a los colegas de La Nación que “no existe tal lista negra” -en referencia a los rumores de los despidos futuros-, sino que “se intenta instalar información para generar miedo”. En tanto a los empleados que fueron echados en el transcurso del año, no precisaron la cantidad, pero sostuvieron: “Son despidos reales, pero solo de funcionarios que no comparten la visión del instituto y que cuesta mucho dinero mantenerlos. Es gente que tenía cargos jerárquicos en la gestión anterior, que le sacó los medicamentos a las personas mayores y piensa distinto a lo que piensa hoy el instituto”.
Pese a que los trabajadores denunciaron la falta de diálogo y de instancias de negociación -según dijo Luqui, no tuvieron margen para negociar los sueldos, sino que se les aplicó la suba del 7%, al igual que a los empleados estatales-, las fuentes del PAMI afirmaron que “se cerró el porcentaje hablado” y que “el instituto se encuentra abierto a conversar”.
“No está cerrado el canal de diálogo, tampoco la discusión sobre las paritarias. Estamos en un año muy particular. El instituto tenía una deuda de 17.000 millones de pesos, por lo que es difícil afrontar una paritaria superior a lo acordado”, concluyeron en el PAMI.
Los trabajadores agrupados en UTI advirtieron que continuarán su reclamo -tanto por los despidos reales como por los que podrían venir- y que trabajan en la judicialización de la causa, porque, en palabras de Luqui, “detrás de cada una de las personas que fueron echadas hay una familia, y hoy es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral”.