La senadora Patricia Bullrich cruzó con dureza al gobernador Axel Kicillof tras la suspensión preventiva del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires y lo acusó de operar a través de la jueza Marta Pascual, a quien señaló por fallar en complicidad con el mandatario provincial para frenar la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Consultada por la posible intervención política del gobernador en la decisión judicial, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) fue tajante: “No tengo la menor duda”.
En ese marco, sostuvo que el oficialismo bonaerense buscó frenar la norma desde los tribunales. “Como ellos no la votaron (a la ley en el Congreso) mandaron a una jueza amiga del peronismo en la provincia de Buenos Aires, amiga del kirchnerismo (a suspenderla)”, lanzó.
Para justificar esa acusación, apuntó al vínculo de la magistrada con dirigentes del oficialismo local y ejemplificó: “A la jueza se la ve hablando con Julián Álvarez, el intendente de Lanús”.
Carga contra la jueza y cuestionamiento al fallo
En el mismo tono crítico, Bullrich cuestionó las facultades de Marta Pascual para avanzar con la medida. “La jueza no tiene control de constitucionalidad”, afirmó, y agregó que, a su criterio, “tampoco tiene la capacidad de decidir sobre una ley nacional y de decidir que no la va a aplicar por dos meses”.
Al analizar los plazos de implementación del nuevo régimen penal juvenil en las provincias, la exministra de Seguridad planteó dudas sobre la gestión bonaerense. “¿En seis meses van a hacer lo que no hicieron en dos?”, se preguntó, aludiendo al tiempo previsto desde la promulgación de la ley hasta su puesta en marcha en cada jurisdicción.
El fallo que encendió la polémica
La resolución judicial fue dictada este lunes por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo —que tiene como presidente al sacerdote José María Di Paola—, en representación de adolescentes privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires.
El dictamen, que abrió un fuerte debate en la dirigencia política, se conoció a las pocas horas de la entrada en vigencia de la reforma. Apenas habían pasado 48 horas desde que comenzó a regir el nuevo régimen penal juvenil cuando se notificó la suspensión preventiva en territorio bonaerense.
Críticas al oficialismo bonaerense y a los argumentos presupuestarios
Desde la mirada de Bullrich, detrás de la decisión de Pascual hay un trasfondo político vinculado con el rechazo del oficialismo provincial a la normativa impulsada por el Gobierno nacional. “Están buscando generar una zozobra sobre un tema que es claro”, opinó.
La senadora sostuvo que la administración bonaerense utiliza como excusa el reclamo por la falta de fondos para adecuar el sistema penitenciario. “Empiezan a hablar del mismo tema, dicen ‘no tenemos el dinero’ y no solamente que hay dinero, sino que hay una responsabilidad con la sociedad de que haya una sanción”.
“Herramienta pedida hace años por la sociedad”
En defensa de la reforma del régimen penal juvenil, la legisladora oficialista subrayó el respaldo social que, según ella, tiene la iniciativa. Este cambio en la ley “es una herramienta pedida hace muchísimos años por la sociedad y por la necesidad de que no haya una impunidad, y que los menores no sean la carne de cañón ni los soldaditos de la droga”.
Con el fallo de la jueza Pascual, el nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes queda en suspenso en territorio bonaerense, mientras el resto de las provincias avanza en la adecuación a la ley nacional y el debate político se recalienta alrededor del régimen penal juvenil.
