El Gobierno de Entre Ríos declaró la nulidad absoluta de los concursos realizados para cubrir los cargos de Fiscal Anticorrupción y sus adjuntos, debido a graves irregularidades en el proceso, que deberá reiniciarse.
La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 349/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que determinó que los concursos, que tramitaban en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER), presentaron serias violaciones a la normativa vigente, poniendo en riesgo la transparencia del procedimiento.
Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso se encuentran sorteos de jurados irregulares, realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos.
Además, la modificación indebida de requisitos, se cambió la especialidad que debían tener los jurados, incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal. Por otro lado, la falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.
El decreto de nulidad detalla que estas irregularidades ocurrieron durante la gestión anterior, del exgobernador Gustavo Bordet y que el entonces presidente del Consejo de la Magistratura era Mariano Churruarín y el exsecretario General, Hernán Jorge. Subraya además, que estas anomalías atentan contra principios fundamentales del sistema republicano, como la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la Administración Pública.
La decisión del Gobierno responde a denuncias realizadas desde el inicio del proceso por el abogado José Arias, así como a presentaciones de otros profesionales del derecho, legisladores y organizaciones civiles. De esta manera, la provincia reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad de los procesos públicos, buscando fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
