Giorgia Meloni aprobó un decreto que le puso fin a la obtención “fácil” de la ciudadanía para los descendientes de italianos

No más tatarabuelos sino, máximo, abuelos. En una muy mala noticia para miles de argentinos que intentan conseguir pasaporte italiano para luego mudarse a Europa, el gobierno de derecha de Giorgia Meloni aprobó este viernes un decreto que le puso fin a la obtención “fácil” de la ciudadanía para los descendientes de italianos. Hasta ahora una ley de 1992 permitía que, por “ius sanguinis” -derecho por sangre-, obtuvieran el pasaporte italiano los descendientes de tercera o cuarta generación de italianos, es decir, con un tatarabuelo.

Esto dio lugar en las últimas décadas, marcadas por crisis económicas en países tradicionalmente con mucha inmigración italiana, como la Argentina o Brasil, a una multiplicación de italianos residentes allí que no hablan el idioma ni conocen la historia de la península, así como a abusos de todo tipo. Entre ellos, grandes negocios para agilizar trámites para la obtención del pasaporte italiano a decenas de futbolistas famosos.

De ahora en más, y en una drástica vuelta de tuerca, en la práctica sólo quien tiene padres o abuelos italianos, es decir, sólo los descendientes de primera o segunda generación, podrán obtener automáticamente la ciudadanía italiana, según aprobó este viernes un consejo de ministros.

“A partir de la medianoche ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas, sino sólo si se tienen hasta a abuelos italianos”, explicó el vicepremier y canciller, Antonio Tajani, impulsor de la reforma, que por supuesto provocó polémicas y rechazo en la oposición.

El drástico giro implicará que los trámites ya no se podrán hacer en los consulados italianos en el exterior, sino directamente en la Farnesina, como aquí es llamada la cancillería.

Tajani aclaró que seguirá vigente el “ius sanguinis” y muchos descendientes de inmigrantes podrán aun obtener la ciudadanía italiana, “pero se pondrán límites precisos, sobre todo para evitar abusos o fenómenos de comercialización de pasaportes italianos”.

Según cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, desde fines de 2014 a fines de 2024, los ciudadanos italianos residentes en el exterior aumentaron de cerca de 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en diez años. La Argentina, por ejemplo, pasó de un reconocimiento de unas 20.000 ciudadanías italianas en 2023, a 30.000 al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.

Se estima que actualmente, con la ley vigente hasta ahora, los potenciales solicitantes de ciudadanía podrían ser entre 60 y 80 millones de personas. De ahí, la necesidad urgente de ponerle un freno, según el gobierno de Meloni.

“La reforma liberará recursos para hacer que los servicios consulares sean más eficientes, en la medida que podrán dedicarse en vía exclusiva a quien tiene una necesidad real y una relación concreta con Italia”, explicaron. Además, evitará repercusiones sobre la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, puestas bajo presión por quienes viajan a Italia sólo para intentar acelerar el trámite de reconocimiento de ciudadanía, alimentando fraudes o prácticas incorrectas, destacaron.

Para implementar esta reforma -por la cual sólo quien es hijo o nieto de italiano emigrado al exterior podrá solicitar la ciudadanía italiana a partir de su nacimiento-, habrá dos fases. Algunas normas entrarán en vigor de inmediato con el decreto ley aprobado este viernes. En una segunda fase, se sumarán modificaciones sustanciales a la ley de ciudadanía, que implicarán, ante todo, que los ciudadanos nacidos y residentes en el exterior mantengan en el tiempo “vínculos reales” con Italia, ejerciendo los derechos y deberes del ciudadano al menos una vez cada 25 años.

Además, se revisarán los procedimientos y trámites para obtener la ciudadanía: los residentes en el exterior ya no deberán acudir a los consulados, sino a una oficina especial centralizada de la cancillería italiana. Al respecto, habrá un período transitorio de un año para que se organice esa oficina. El objetivo es que los trámites sean más eficientes y que los consulados se concentren en la erogación de servicios para quienes son ya ciudadanos y ya no más en “crear” nuevos ciudadanos.

Como no podía ser de otra manera, el decreto sobre ciudadanía fue aplaudido por el oficialismo y criticado por la oposición de centroizquierda, que denunció que semejante reforma “trata de delincuentes” a los descendientes de italianos, como disparó Luciano Vecchi, del Partido Democrático, el principal, que además acusó que semejante reforma fue aprobada sin que interviniera el Parlamento.

“Tajani habla de seriedad, pero hace menos de dos meses el gobierno le dio la ciudadanía al presidente argentino [Javier] Milei, alguien que en Italia no vivió nunca, que no tiene ningún interés de volverse italiano y que no se siente italiano. Sin embargo, utilizando la ley que el gobierno hoy quiere reformar, pudo volverse italiano gracias a algún antepasado que partió a principios de 1900, con ceremonia de Palacio Chigi y todo”, denunció Riccardo Magi, del partido +Europa.

“La esquizofrenia del gobierno sobre este tema es evidente, así como es evidente que al gobierno no le interesan para nada todas esas personas que nacen acá, estudian acá, trabajan acá, pagan los impuestos acá, pero que tienen miles de dificultades para volverse italianos debido a una ley de hace treinta años”, agregó. Se refirió, así, al irresuelto problema de miles de niños nacidos en Italia de padres extranjeros que, por el mismo problema del “ius sanguinis”, durante años no pueden obtener la ciudadanía.