Gestión, plazos razonables y transformaciones en el fuero Civil y Comercial
La Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), integrada por su presidente Martín Carbonell, la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela, trabajó durante el año 2022 en políticas tendientes a acelerar los procesos judiciales y garantizar la tutela judicial, entre otros aspectos.
Ante el aumento de causas que ingresan a la Justicia, la Sala se propuso llevar adelante distintos planes de trabajo para mejorar la gestión de las causas con el objetivo de que los conflictos se resuelvan en tiempos razonables.
En ese marco, y con el acompañamiento del STJER en pleno y en consonancia con las políticas implementadas por su presidenta, Susana Medina, este año se abordó un plan de gestión integral.
En primer lugar, la Sala Civil y Comercial, es la encargada, en materia jurisdiccional, de decidir en última instancia sobre las causas con sentencias dictadas primero por los juzgados de primera instancia y luego por las Cámaras de Apelaciones. Durante el año 2022 se registraron 3.135 actos procesales y se atendieron 435 presentaciones de profesionales de la Abogacía en los distintos expedientes. ( cuadro1)
Se resolvieron 286 causas en forma definitiva, trabajando con el objetivo de que los conflictos que se decidan en tiempo y forma. (cuadro 2)
Respecto a los organismos judiciales que dependen de la Sala, se implementó un monitoreo exhaustivo sobre la tramitación de los expedientes, centrando la atención sobre el plazo de las decisiones de juezas y jueces de toda la provincia.
Para cumplir ese objetivo se aplicó una política de seguimiento, acompañamiento y control del tiempo que les insume resolver las cuestiones de su competencia, con el fin de evitar demoras.
En los organismos judiciales que dependen de la Sala Civil y Comercial se iniciaron durante este año un total de 51.661 causas, las que se distribuyen en las distintas materias que tramitan los diferentes juzgados, destacándose el 36,2 % de Familia, el 22,6 % Civil y Comercial; y el 19,9 % de la Justicia de Paz. La composición territorial de la problemática judicial puede verse en el siguiente cuadro (cuadro 3)
En el mismo período, en la provincia, se dictaron 76.386 sentencias y autos. (cuadro 4)
Además del cumplimiento de los plazos, se tuvieron en cuenta problemas estructurales o de gestión que dificultan la tarea, y para ello, se trabajó, en forma conjunta con el STJER, en programas de mejora de gestión. Tal el caso del Juzgado Civil y Comercial N º 10 de la ciudad de Paraná (Ejecuciones) o el Juzgado de Familia de Villaguay.
La idea de la Sala es acompañar y colaborar para que se corrijan, posibilitando así que el servicio de Justicia funcione como corresponde. En todos los casos los análisis estuvieron acompañados de la escucha atenta derivada de la visita a todas las circunscripciones judiciales de la provincia, tanto de quienes se desempeñan en el propio Poder Judicial como de los y las profesionales de la Abogacía.
Violencia
La problemática de la violencia que atraviesa todos los órdenes de la vida de las personas fue también fuente de diversas actividades de la Sala, porque todos los organismos que dependen de ella tienen alguna competencia en la materia. El trabajo articulado es considerado fundamental, y por eso se acompañó la decisión de reformular la gestión de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, plan que se encuentra en pleno desarrollo.
En consonancia con la política del STJER, se mantiene un diálogo permanente con todos los actores judiciales para lograr el mayor consenso posible.
En este sentido, se trabajó en la implementación y vigencia de la reciente Ley de Prevención, asistencia y protección de la violencia por razones de género (10.956), para lo que se llevaron a cabo encuentros presenciales y virtuales, consultas, relevamiento de estadísticas y pedidos para adaptar la infraestructura tecnológica y edilicia.
Garantizar la tutela judicial
Otra de las políticas de la Sala Civil y Comercial fue trabajar en la articulación entre organismos judiciales y del Estado, que permitió elaborar el Protocolo de Actuación Conjunta entre el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el Alto Cuerpo, que fue aprobado recientemente por el STJER.
Su finalidad es aportar lineamientos técnicos y jurídicos para orientar y homogeneizar los criterios de interpretación de las normas en materia de medidas de protección excepcional e integral, adopción y salud mental, y las distintas situaciones jurídicas de niños, niñas y adolescentes. Todo para mejorar a partir del común y mutuo entendimiento las relaciones interinstitucionales y garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y con ello, los derechos y garantías convencionales involucrados en el ámbito común de incumbencia.
Profesionalización de la gestión judicial
Oficina de Gestión Unificada
La Sala Civil y Comercial diseñó un proyecto que fue aprobado por el STJER, para la creación de la Oficina de Gestión Unificada (OGU), que tiene por objetivo separar las funciones judiciales propias de juezas y jueces, de las cuestiones administrativas y de gestión de un expediente.
De esta forma se proyecta avanzar con la centralización y profesionalización de la gestión judicial con modelos adaptables a las realidades de cada fuero y jurisdicción, teniendo como ejes la justicia en el proceso, el fortalecimiento de la publicidad de los actos y la cercanía con la comunidad.
La puesta en funcionamiento de la OGU será en forma progresiva y por etapas, comenzando en el fuero de Familia, donde se abordan los temas más sensibles de la sociedad, y los jueces y juezas deben dedicarse a pleno a la resolución de los conflictos, destinando menos tiempo a cuestiones administrativas.
Para eso se buscará trabajar en varios órdenes de la gestión. A modo de ejemplo, con la atención al público, la que deberá ser inmediata, creándose a tal fin un área específica con profesionales especializados en la materia.
También habrá un área que se ocupará de los trámites administrativos, notificaciones y de las cargas en los registros del STJER, como el REJUCAV. De esta manera se buscará descomprimir el trabajo de los organismos judiciales, haciendo los procedimientos más ágiles y eficientes.
Lo que se busca es que los integrantes de la magistratura se aboquen al estudio y resoluciones de los asuntos puestos a su consideración y no a cuestiones administrativas.
Por otra parte, considerando que los juicios civiles y comerciales tienden a la oralidad, es necesario que desde un área administrativa se garantice el aprovechamiento de los salones disponibles para las audiencias, lo que será otra de las funciones de la OGU.
Fuente: SIC-STJER.-