Garrahan: despidos, tutela gremial y un conflicto que ahora pasa a manos de la Justicia
El Gobierno dispuso la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados sindicales, por haber participado en la toma de las oficinas de la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025, en medio de un conflicto por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.
La decisión llegó después de varios meses de sumarios administrativos y fue comunicada oficialmente por el hospital, que calificó el episodio como una acción que “afectó el funcionamiento institucional” y puso en riesgo la atención en una de las áreas más sensibles del principal centro pediátrico del país.
El conflicto se había iniciado cuando las autoridades notificaron que no se pagarían los días no trabajados por paro. Ese mismo día, delegados gremiales ingresaron a la Dirección Médica, ocuparon el sector, interrumpieron tareas administrativas y se negaron a retirarse pese a las indicaciones del personal de seguridad, según la reconstrucción interna.
44 sumarios, 11 cesantías y un problema legal para el propio Gobierno
A partir del episodio, el Consejo de Administración abrió 44 sumarios para individualizar responsabilidades. La mayoría terminó con sanciones menores. Pero en once casos se resolvió la cesantía al considerar probado que esas personas organizaron y condujeron la ocupación.
El detalle incómodo para el Gobierno es que diez de los once cesanteados tienen tutela sindical, una protección legal que impide ejecutar el despido sin autorización judicial. Es decir, la decisión política ya está tomada, pero su aplicación quedó en manos de la Justicia laboral.
La única trabajadora sin tutela podrá ser desvinculada de manera inmediata.
Los afectados son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo. Entre ellos hay dirigentes de ATE y APyT, con fuerte presencia en el hospital.
El comunicado del Garrahan y el tono político
En el comunicado oficial, el hospital sostuvo que la toma “no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina” y apuntó directamente contra los delegados, a quienes acusó de haber convertido al Garrahan en un “teatro de operaciones electorales”.
“Tras la irresponsable y desmedida toma de las oficinas de la Dirección Médica protagonizada por militantes, iniciamos 40 sumarios. Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuado la toma”, indicaron.
Y agregaron, en un tono inusual para un comunicado institucional: “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes”.
La versión gremial y el trasfondo del conflicto
Desde los gremios sostienen que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales aplicados por los días de paro y a la falta de respuestas a los reclamos laborales y salariales.
La medida fue difundida por organizaciones sindicales como una acción de protesta para exigir la restitución de los salarios descontados. Desde el hospital y el Gobierno, en cambio, se puso el foco en el impacto sobre el funcionamiento de un establecimiento sanitario de alta complejidad.
El Garrahan recibe pacientes derivados de todo el país, por lo que el conflicto rápidamente adquirió relevancia política y mediática.
Un conflicto que ahora pasa a tribunales
Las organizaciones sindicales ya anticiparon que recurrirán a la vía judicial para frenar las cesantías, especialmente en los casos con tutela gremial. La definición quedará en manos de la Justicia laboral, que deberá decidir si habilita o no los despidos.
Mientras tanto, el hospital continúa funcionando con normalidad y el conflicto entra en una nueva etapa: la judicial.
La resolución del caso será clave para definir hasta dónde puede avanzar el Gobierno en sanciones a delegados sindicales en servicios esenciales y qué margen tiene el Estado frente a medidas de fuerza que implican la ocupación de dependencias públicas.