En el centro de la tensión por la coparticipación de fondos viales, la provincia de Buenos Aires volvió a cruzarse con el Gobierno nacional por el impuesto a los combustibles que debe financiar obras en rutas y caminos, pero que, según la administración bonaerense, no está siendo transferido y ya paraliza proyectos, encarece la logística y golpea la economía regional.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, remarcó que el reclamo excede la red vial. Según dijo, la falta de fondos impacta de lleno en la actividad productiva, el turismo, el transporte de carga y la vida cotidiana de los bonaerenses y de otras jurisdicciones.
En esa línea, el funcionario precisó que la provincia debería recibir al menos el 20% de lo recaudado por coparticipación de esos impuestos específicos, y detalló que solo en el fondo hídrico la suma asciende a $290.000 millones en junio de 2026, mientras que en rutas llega a $1,3 billones.
Katopodis sostuvo que existe una ley que se viene cumpliendo desde hace 40 años y acusó a la actual gestión nacional de haber decidido romper ese esquema. Según su denuncia, esos recursos se están desviando a otros destinos y ya no financian las obras para las que fueron creados.
Para el ministro bonaerense, el conflicto dejó de ser una discusión acotada a un sector. Subrayó que gobernadores e intendentes de distintos signos políticos expresaron preocupación por la falta de respuestas oficiales y por la postergación de obras estratégicas en varias provincias.
Fondos viales retenidos y obras frenadas en todo el país
Al describir la situación, Katopodis apuntó de manera directa contra la Casa Rosada: “Es muy grave que estén los fondos y no se usan. Es muy grave que el Gobierno funcione como una caja registradora cobrándonos en cada estación de servicio los 365 días del año, que esa plata, que era para obras, se la queden, que no sabemos dónde está, que la timbeen, pero el estado de las rutas en una situación absolutamente deplorable y para lo que significa para la Argentina”.
Según su diagnóstico, la falta de inversión en las rutas tiene un efecto inmediato sobre la economía real. Katopodis advirtió que el deterioro de la red vial encarece la logística y golpea incluso a algunos de los pocos sectores que todavía muestran actividad en el actual esquema económico: “Están golpeando los pocos motores que todavía el pulmotor que todavía tiene este plan económico”.
Entre los ejemplos que puso sobre la mesa mencionó el nuevo puente Chaco-Corrientes, una obra clave para la conectividad del Nordeste. Explicó que su financiamiento estaba garantizado con un crédito del Banco Mundial, pero que a pesar de eso el proyecto sigue sin avances concretos.
Katopodis indicó que para ese puente ya existía una precalificación de empresas lista para avanzar con la licitación, y lanzó una crítica sobre la inacción oficial: “Tres años, la plata ahí parada pagando punitorios de parte del Gobierno nacional, la obra que no se hace”.
Al mismo tiempo, el ministro apuntó al corredor Cristo Redentor, en Mendoza, donde quedó frenada la conversión de un ramal ferroviario en traza automotor. Advirtió que esa paralización genera cuellos logísticos que se traducen en pérdidas económicas y mayores riesgos en las rutas.
Sobre ese punto, graficó con un escenario extremo: “Si hay más muertes en las rutas, si hay un cuello logístico, si tenés cuarenta días cuatro mil camiones clavados en el límite con Chile, se encarece la economía”.
La pelea se traslada a los tribunales federales
Frente a este cuadro, Katopodis confirmó que la provincia de Buenos Aires ya recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley y la transferencia de los recursos. Precisó que existen causas penales iniciadas y que la Provincia presentó una causa y una medida cautelar en un juzgado federal en febrero de 2025.
El funcionario planteó además que, si el Gobierno nacional no usa esos fondos para su destino original, deberían ser transferidos directamente a las provincias para que ejecuten las obras viales e hídricas previstas.
A su entender, hay consenso entre gobernadores para reclamar esa asignación específica y también para exigir que esos recursos lleguen de manera directa a los municipios.
En el caso bonaerense, Katopodis habló de un “castigo doble”. Explicó que el plan económico nacional golpea con particular fuerza a la industria y al comercio de la provincia y sumó una acusación de discriminación en la distribución de fondos para infraestructura.
Kicillof, las obras frenadas y el modelo bonaerense
En ese marco, el ministro destacó la postura del gobernador Axel Kicillof, a quien describió como una figura activa en la defensa del aparato productivo bonaerense. “Rescato mucho la actitud del gobernador, de Axel, de plantarse, de confrontar desde el primer día, pero de no entregar ninguna”, señaló.
Katopodis vinculó la supuesta discriminación con la paralización de obras como la autopista hasta 9 de Julio y otros proyectos viales en territorio bonaerense. Sostuvo que la falta de inversión termina perjudicando a toda la estructura productiva de la provincia, desde la industria y el comercio hasta el turismo y el transporte.
El ministro defendió además el modelo de gestión bonaerense y remarcó la búsqueda de acuerdos con el sector privado para fortalecer la economía local. Aseguró que la Provincia apunta a desarrollar cadenas de valor con participación de pequeñas y medianas empresas y a garantizar seguridad jurídica y una distribución equitativa de los recursos.
Al cerrar su planteo, Katopodis dejó un mensaje hacia el futuro inmediato: “La gente ya hizo todo el esfuerzo que podía hacer durante estos tres años y ahora ese esfuerzo se tiene que repartir de una manera más justa para que la clase media, los trabajadores puedan salir y poner un poquito más de horizonte, de expectativa hacia adelante”.
