La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender de forma inmediata las obras materiales del proyecto petrolero Sea Lion, un desarrollo hidrocarburífero ubicado en la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto a partir de una acción preventiva por daño ambiental colectivo impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra las firmas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La magistrada aclaró de entrada el alcance provisorio de la resolución, remarcando que “no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas”, explicó.
Sin embargo, consideró clave el informe de la Subsecretaría de Ambiente, que constató la total ausencia de trámites previos exigidos por la Ley General del Ambiente. “Lo que se constata es que las demandadas han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto para determinar, precisamente, si el daño habrá de producirse y con qué medidas corresponderían prevenirlo o mitigarlo”, señaló Borruto.
El alcance de las obras paralizadas
La resolución prohíbe perforaciones en el lecho marino, montaje de ductos submarinos, fondeo permanente de estructuras, utilización de unidades flotantes de producción y toda obra logística terrestre en Puerto Argentino.
El emprendimiento proyecta un esquema de gran escala con 23 pozos en total —16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas—, además del despliegue de infraestructura compleja en altamar y en tierra.
Al fundamentar el peligro en la demora y los riesgos de contaminación, la jueza remarcó la urgencia procesal. “El riesgo no es hipotético ni remoto”, sostuvo.
Soberanía y pedidos de informes
En el fallo, la magistrada destacó además que la causa involucra la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, aplicando la legislación argentina sobre los espacios marítimos circundantes al archipiélago.
En ese marco, se intimó a las petroleras para que en un plazo de 10 días judiciales presenten una declaración jurada detallando el cronograma de obra, contratos, estructura societaria, financiamiento y estudios de riesgo de derrame.
Asimismo, se libraron oficios a la Secretaría de Energía y a la Cancillería para que informen si las empresas cuentan con autorizaciones legales o si registran sanciones bajo la Ley 26.659, a la espera de definiciones de fondo.
